Reactivan la causa contra 5 mandos militares por una obra en el Arsenal

planos-carena-cartagena-600Diez años después de la decisión de sentar en el banquillo a cinco oficiales de la Armada por un presunto delito contra el patrimonio histórico, un juzgado de Cartagena revisará mañana el estado de la causa a petición de la Abogacía General del Estado. Este organismo del Ministerio de Justicia ha solicitado la nulidad del proceso abierto contra un almirante, un general togado, un general de División del Cuerpo de Ingenieros Politécnicos, un coronel y un capitán de fragata ingeniero por la destrucción de los diques de Sebastián Feringán o de Jorge Juan (muros de carena o reparación de barcos en seco construidos en el siglo XVIII) del Arsenal Militar, durante unas obras en 2000 y 2001.

El Abogado del Estado se basa en la ‘doctrina Botín’, para defender que como la Fiscalía pidió el archivo de las actuaciones no se puede ir contra los militares solo a petición de la acusación particular. Ésta está representada por la Asociación para la Defensa del Patrimonio (Adepa), que reclama una pena de tres años de prisión y 24 meses de multa, más la responsabilidad civil correspondiente.

Quien era en 2004 titular del Juzgado de Instrucción 1 de Cartagena, Andrés Carrillo, sí estableció aquel año la existencia de indicios de vulneración del artículo 323 del Código Penal, sobre daños al Patrimonio Histórico. En un auto, indicó que se originó la destrucción «por completo» de los diques. Y recordó que eran una «parte integrante, por su importancia cultural, histórica e ingenieril del Patrimonio Histórico Español y una de las obras clave de la ingeniería naval de nuestro pasado».

Estas obras, cuyo objetivo fue ampliar los muelles de atraque de submarinos, se hicieron según el juez «a sabiendas de que se iba a proceder a la destrucción completa de esos diques», y «sin contar para nada con el Ministerio de Cultura».

El juez vino a aceptar, así, los argumentos de Adepa, que denunció el daño irreparable a un Bien de Interés Cultural (BIC), «un yacimiento arqueológico subacuático que es parte del Patrimonio Histórico Nacional», según la ley 16/85. Según esa asociación, el material acabó en vertederos y vendido a anticuarios.

El caso ha pasado por varios juzgados y cambios de magistrados. Según fuentes judiciales, han llevado la causa cinco, tanto en Cartagena como en Murcia. En este tiempo, un imputado (el general de división) ha fallecido y otros han pasado a la reserva, según estas fuentes.

Adepa se ampara en la ‘doctrina Atutxa’ y sostiene que el proceso puede sostenerse, aunque la Fiscalía no acuse. Además, ha pedido a ésta y a la Abogacía del Estado que defiendan el interés general, en lugar de «proteger las conductas personales presuntamente delictivas de los altos cargos imputados, que en todo caso deberían ser defendidos a título particular por sus propios abogados». La causa está ahora en manos del juez de lo Penal 2, Álvaro Bellas.

Fuente : laverdad