Pedro Pitarch «Reforma constitucional»

ActoColonLa celebración de ayer en el congreso de los diputados del 36 aniversario de la Constitución no parece haber suscitado mucho consenso “territorial”. Salvo error u omisión, no hubo pleno de asistencia en los organismos del nivel superior del estado. Quizás la única excepción fuera la llamada cúpula militar, que sí asistió en pleno: el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) y los tres santos (JEME, AJEMA y JEMA). Del resto, por las razones que fueran, hubo ausencias. Entre las más llamativas, aparte de la del pequeño Nicolás ―quien hasta ahora parecía fijo en este tipo de eventos―, fue la representación territorial. Según las crónicas, faltaron a lista trece (13) de los diecisiete (17) [email protected] autonó[email protected] Solo asistieron los de Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia (me extraña que no asistiera el de la CA de Madrid). Una cuestión de prioridades.

El ruedo español se está recalentado demasiado. Son fuentes de general desasosiego la percepción de una generalizada corrupción política y económica, una crisis que todavía atenaza a la mayor parte de la población, la sorprendente excarcelación temprana de criminales de ETA, un alto índice de paro que se ceba principalmente con la juventud, el desafío independentista, la extendida falta de credibilidad de las instituciones y tantas otras calamidades que están en la mente de todos. Todo eso conforma una atmósfera político-social muy enrarecida que, lejos de aliviarse, se va agravando día a día. El mus que se han dado la mayoría de [email protected] autonó[email protected] en el festejo del Congreso, a solo cinco meses de las elecciones autonómicas, es la prueba del nueve del deterioro institucional del llamado “estado de las autonomías”.

Y es que, a tenor de las encuestas de variado pelaje con las que nos azotan los medios casi semanalmente, las previsiones electorales de unos y otros no están ni medio claras. Y eso hace que a muchos dirigentes de los partidos políticos, especialmente los de mayor implante nacional, no les llegue la camisa al cuerpo. Porque seguramente estiman que en el envite electoral que se nos viene encima podrían perder, en términos políticos, hasta la camisa. Eso trae demasiada palabrería y un encendido debate que son característicos del actual tumulto político. Una trifulca que, por fin, parece haber cristalizado en una idea, muy larga y profunda, y que, paradójicamente, se resume en solo dos palabras: reforma constitucional.

La reforma constitucional empieza a ser ―y apuesto que será― el factor común y el martillo con el que los partidos políticos nos van a machacar a los votantes a lo largo de 2015. No es fácil determinar hasta qué punto ese fenómeno va a responder principalmente a razones objetivas que concluyan, en función del punto de vista, en la ineficacia de la Constitución para satisfacer las expectativas de una mayoría de la población, 36 años después de ser proclamada. O, por el contrario, a que sea mayormente fruto de “ombliguismos”, en la perspectiva de una espectacular subida de formaciones políticas emergentes. No sé si todo eso es bueno o malo. De lo que sí estoy seguro es que el reto no es insignificante. Porque supone poner en cuestión no solamente la validez de la vigente constitución de 1978 como marco jurídico superior del Estado, sino también la propia manera de comprender España y las condiciones político-sociales de la organización nacional. En mi opinión, cualquiera de que sea el origen o las motivaciones de cada uno, el mero hecho de centrar el debate político sobre la validez de la Constitución resulta intranquilizador. No lo sería así ―alguien podría decir― en un país “normal” de nuestro entorno. Y estaría de acuerdo con ello. Pero el nuestro es una especie de olla-exprés bullente de fuerzas centrífugas, siempre tratando de escaparse por los potenciales resquicios de la tapa o de la válvula de presión, papel que, en este símil, juega la Constitución.
El abanico de visiones no puede ser más amplio. Va desde la defensa a ultranza de la plena validez de la Constitución, hasta la completa negación de ésta. Y en medio, las que buscan ajustes o modificaciones de mayor calado de algunos puntos. El más grave problema de unos y otras es no saber ni cuál o cuáles son las finalidades a conseguir ―como fue, por ejemplo, traer la democracia en 1978―, o cuáles son los objetivos a alcanzar o, en otros términos, qué es lo hay que retocar o modificar. A pesar de ser todavía inéditos, los objetivos ―me temo― son muy dispares y, por ello, difícilmente alcanzables a día de hoy. ¿Monarquía o república? ¿Soberanía exclusiva del pueblo español o parcelada por supuestas naciones/nacionalidades? ¿Singularidades o café para todos? ¿Retoque o no de los cometidos de las FAS con respecto a soberanía, independencia, integridad territorial y ordenamiento constitucional? ¿Recentralización o mayor descentralización territorial? Son ejemplos de objetivos de fondo que ilustran ya posturas declaradas o insinuadas para una potencial reforma constitucional. Tremendamente complejo ¿no les parece?

Es tan esencial y crítico lo que está en juego y tan grande el desafío, que los responsables políticos, antes de lanzarse a la piscina, deberían realizar un profundo análisis de riesgos. Especialmente de dos: los derivados de dejar las cosas como están (inamovibles o meramente maquilladas); y los de abrir el melón (a ver qué pasa). En todo caso, cualquier acción de reforma o cambio constitucional que hipotéticamente se abordase no podría o debería hacerse más que desde la propia legalidad constitucional. Esta es mi receta: desde la ley a la ley cabalgando sobre la ley.

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