La Ley de transparencia no es para el Ministerio de Defensa ni el SEPE

OATMEl pasado mes de febrero la OATM – Organización de Apoyo a la Tropa y Marinería solicitó a través de la AEVAL – Agencia de Evaluación y Calidad el documento que anualmente entrega el Ministerio de Defensa vía Subsecretaría de Defensa en la que justifica mediante el “balance de ejecución de acciones” el destino de los recursos economicos que entrega el SEPE- Servicio Público de Empleo sobre los cursos que imparte dicho Ministerio vía SAPROMIL- Salidas Profesionales Militares en las unidades de las Fuerzas Armadas mediante un convenio de colaboración que se prorroga anualmente.

Este año dicho balance de acciones parace haberse demorado ya que hasta la fecha la información solicitada aun no ha sido remitida y todo ello a pesar de que el CTBG – Consejo de Transparencia y Buen Gobierno remitió dicha solicitud a dicho Ministerio de Defensa y al SEPE, sin haber respondido aun ninguna de dichas instancias del Ejecutivo.

Junto a dicha solicitud la OATM solicitó también conocer cuantos Reservistas de Especial Disponibilidad habian podido recibir dichos cursos en las Unidades de las Fuerzas Armadas, ya que a pesar de tener Defensa la obligación de atender a esos ex militares en atención a una Orden de dicho Ministerio éstos no son avisados de que disponen de dicho canal formativo para lograr formación para el empleo, en cambio las plazas son copadas por militares en activo, aunque a dichos militares les queden muchos años de servicio por delante en atención a sus Compromisos de Larga Duración. Sin embargo los RED que son aquellos militares que han abandonado las Fuerzas Armadas tras haber servido mas de 18 años de servicio y tener mas de 45 años de edad, éstos usualmente carecen de formación (planes de estudios antiguos y requisitos academicos obsoletos) y no están capacitados para obtener un nuevo empleo a causa de las nefastas leyes de personal que han ido arrinconando a la Escala de Tropa y Marinería a ser personal laboral con “compromisos laborales” y no “contratos” reconocidos por la Seguridad Social, negandoles la legislación laboral que propiciaría la defensa efectiva de sus derechos como trabajadores en la via Civil en vez de la Contencioso-Administrativa.

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