Colombia: Falsos positivos de Soacha: condenan a 21 militares a penas entre 37 y 52 años de prisión

Sin tropiezos, por fin se desempantanó uno de los casos judiciales más sonados desde cuando se destapó el escándalo de los falsos positivos. Este lunes, el juez primero especializado de Cundinamarca profirió la condena más amplia que hasta ahora se conoce contra los miembros de la Fuerza Pública involucrados en el asesinato de los cinco jóvenes de Soacha.

De los 21 militares que fueron condenados, el de más alto rango fue el coronel (r) Gabriel de Jesús Rincón, exjefe de operaciones de la Brigada 15 en Norte de Santander, quien fue hallado responsable de los delitos de concierto para delinquir, desaparición forzada y homicidio agravado. Tendrá que pagar una pena de 46 años de prisión.
La lectura de las sentencias que condenaron a los otros 20 oficiales, siguen la línea de la primera condena que se conoció sobre los llamados falsos positivos en julio del 2011. En ese momento, ocho militares del batallón Rafael Reyes de Cimitarra recibieron penas de hasta 54 años por la muerte de Andrés Pesca Olaya y Eduardo Garzón Páez; los crímenes fueron declarados de lesa humanidad.

En esta oportunidad, la decisión también reconoce esta condición para las víctimas, además de negarles a los condenados, a penas entre de 52, 51, 49, 48 y 37 años, la posibilidad de acceder al beneficio de la casa por cárcel.

En el 2008 decenas de jóvenes de Soacha fueron reportados como desaparecidos por sus familias, pero el Ejército los registró como caídos en combate en Cimitarra (Santander) y Ocaña (Norte de Santander). Para efectos del caso que se resolvió este lunes, cursan dos procesos penales que se acumularon según la fecha y los autores materiales. Las víctimas fueron Diego Alberto Tamayo Garcerá, Víctor Fernando Gómez Romero, Jáder Andrés Palacio Bustamante, Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez.
Como se sabe algunos militares reclutaron personas en barrios populares para asesinarlos y reportarlos como bajas en combate con el fin de recibir prebendas y beneficios. A raíz del escándalo, en octubre del 2008 fueron destituidos 27 altos mandos involucrados.

Durante la diligencia el juez exhortó al Ministerio de Defensa y la institución castrense para que se brinde una reparación simbólica a las madres de los jóvenes. En ese sentido, se propuso que se haga un monumento en su honor y además se reivindique el nombre de las víctimas.

En el caso de Diego Tamayo, de 25 años, fue visto por última vez el 23 de agosto del 2008 por sus familiares y dos días después apareció reportado como dado de baja en combate a más de 600 kilómetros de su lugar de residencia, y sumado a ello, como supuesto miembro del grupo paramilitar ‘Águilas Negras‘. Según se conoció, «él al igual que Víctor Fernando Gómez y Jáder Andrés Palacio Bustamante, fueron llevados con falsos ofrecimientos de trabajo hasta Ocaña donde sus reclutadores los alojaron en una habitación donde les suministraron bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas». Estando en manos de integrantes de la Brigada Móvil 15, fueron asesinados y presentados como dados de baja en combate.
Julio César Mesa Vargas y Jhonatan Orlando Soto Bermúdez fueron reclutados por Pedro Gámez y Alexander Carretero para recoger una plata en Ocaña a donde se fueron con pasajes pagados. Posteriormente, fueron entregados a unos militares en un falso retén quienes dos días después también los presentaron como supuestamente muertos durante los enfrentamientos.

Hace una semana, una juez se negó a aceptar una imputación de cargos por tres falsos positivos al considerar que la competencia la tiene la Justicia Especial de Paz. El hecho despertó controversia no sólo de las víctimas sino de la Fiscalía y Human Rights Watch que aseguraron que estos hechos «no hacen parte del conflicto, fueron muertos en circunstancias de indefensión, ciudadanos que vivían el municipio de Soacha y que fueron llevados con promesas de trabajo y allí fueron asesinados», sostuvo la fiscal del caso. La funcionaria judicial agregó que actualmente «hay un limbo jurídico» sobre el tema.

José Manuel Vivanco, director de la organización defensora de derechos humanos, también mostró su descontento por la decisión. «Llamo a todas las autoridades judiciales de Colombia y al Fiscal General de la Nación a tomar todas las medidas legales a su disposición para revocar esta decisión y evitar que establezca un nefasto precedente», sostuvo.
Por su parte, voceros jurídicos del proceso de paz explicaron que la competencia de la JEP en estos casos, que hace parte de los capítulos de la violencia más delicados para el país, deberán ser resueltos caso a caso por esta jurisdicción transicional a la que no sólo se acogen las FARC sino también los agentes de Estado y terceros civiles involucrados directa o indirectamente en el conflicto.

Fuente: Semana