Chile:Instan a gobierno chileno a degradar militares condenados en casos contra los Derechos Humanos

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, instó hoy al Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet a poner urgencia a un proyecto de ley que plantea degradar a los militares con procesos y condenas por violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura.

“Creo que sería una potente señal y me gustaría mucho que el Ejecutivo lo hiciera. Son señales muy importantes para el país”, enfatizo la parlamentaria cuyo articulado es de su autoría.

En declaraciones a los periodistas, Allende dijo que el proyecto lo ha presentado en dos ocasiones.

Recordó, asimismo, que tenía otra moción a la que aspiraba que el gobierno le diera urgencia que es la de no dar beneficios carcelarios de salida, como ocurre hoy día, a los condenados por violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar de Augusto Pinochet (1973-1990).

Allende, hija del extinto presidente Salvador Allende (1970-1973), sostuvo que también “hay que ir pensando en el cierre definitivo” del centro de detención Punta Peuco, “porque estamos en otro momento de nuestra historia”.

La cárcel de Punta Peuco, a unos 35 kilómetros al norte de Santiago, es actualmente el único recinto penal del país que acoge exclusivamente a violadores de los derechos humanos condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.

La petición de Isabel Allende se suma a los deseos de las agrupaciones de familiares de víctimas que este viernes pidieron también el cierre de esa cárcel argumentando que los reos tienen privilegios y mejores condiciones de vida que el resto de la población penal.

La respuesta vino de inmediato de parte del ministro portavoz de Gobierno quién aseguró a los periodistas que el penal Punta Peuco es “una cárcel más y que se rige por las normas de cualquier recinto penitenciario”.

Durante la dictadura de Pinochet, según informes oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, y unos 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.