AUGC ve en la nueva ley de Seguridad Ciudadana una limitación de derechos

AUGC_SECRETARIOGRALLa Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha considerado hoy que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana supone una limitación de los derechos de manifestación de los ciudadanos y un aumento de la carga de trabajo para los agentes en un momento en que la plantilla es más reducida.

Según han recordado a Efe fuentes de la AUGC, la propuesta del Ministerio del Interior prevé sanciones para quienes insulten o vejen a los agentes de las fuerzas de seguridad, pero la asociación cree que los policías y los guardias civiles estarían mejor protegidos si estas actitudes fueran incluidas como delito en el Código Penal y no en la nueva ley como sanción administrativa.

Respecto a la propuesta de sancionar con hasta 600.000 euros las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado, como el Congreso o el Senado, aunque en ese momento no tengan actividad, la AUGC cree que supone una limitación clara de los derechos de los ciudadanos a la hora de manifestarse.

Se trata, resalta la AUGC, de una limitación «encubierta» del derecho de manifestación, toda vez que el PP estaba «deseando de meterle mano a ese derecho y ya ha empezado a hacerlo».

Las mismas fuentes se han referido también a la propuesta de Interior de multar a los clientes y prostitutas que ejerzan esa actividad en zonas donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial.

Para la AUGC esto supondrá una nueva tarea para los agentes, que ya han tenido que asumir, con menos plantilla, la implantación de los denominados equipos ROCA para el control de los robos en el campo.

«Menos agentes y más funciones», han insistido las fuentes de la AUGC antes de insistir en que además de perseguir los delitos en el campo, ahora los guardias tendrán que dedicarse a denunciar a los clientes de las prostitutas, algo que, a juicio de la asociación, no soluciona nada.

La AUGC ha reprochado a Interior que no hayan contado con las asociaciones para debatir y consensuar un texto que afecta a las fuerzas de seguridad y que se haya fraguado de forma «unilateral».
Fuente: La Vanguardia

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