Soldados de mas de 45 años: ¿nuevos privilegios?

El colectivo antimilitarista Utopía Contagiosa ha elaborado un nuevo informe en el que arremete contra los militares de mas de 45 años a los que califica de “privilegiados” por perder sus empleos. El informe es el siguiente:

1.- Resumen ejecutivo

1.- Hay que relacionar el problema de los soldados y marineros de más de 45 años con el contexto general de sobredimensionamiento en personal del Ejército español. En 2017 se han presupuestado 4.530 millones de € (3’29 millones de € más que en 2016), el 59’3 % de lo que va a gastar el Ministerio de Defensa. Asumir estos soldados hasta su jubilación plantearía nuevos problemas de gasto militar.

2.- El problema del sobredimensionamiento del personal militar no responde a las necesidades defensivas del Estado español, pero sí conlleva un gran despilfarro.

3.- Además, hay que contar con que el personal de la Guardia Civil es también personal militar y su existencia hace aún mayor el sobredimensionamiento del personal militar.

4.- Es un problema que deriva de la opción del Ministerio de Defensa por el personal joven. No quiere contratar personal mayor de 45 años y sí rejuvenecer sus plantillas en soldados y marinería.

5.- Es un problema específico del Ministerio de Defensa cuyas consecuencias se quieren trasladar al resto de las Administraciones Públicas.

6.- Ninguna solución justa puede conllevar militarizar la Administración Pública, volviendo funcionarios a los militares de + de 45 años por hecho de llegar a esa edad, contraviniendo principios constitucionales como el artículo 14, 23.2 y  106.2.

7.- Ninguna solución justa puede conllevar tampoco privilegiar a los mayores de 45 años militares (unas 7.000 personas en los próximos años de la legislatura) frente a los civiles (actualmente hay 1.810.444 personas civiles paradas de mayores de 45 años que no disponen de los privilegios que los militares sí.

8.- La Administración, no sólo militar, sino también civil, ya ha generado suficientes recursos y oportunidades para dar opciones a los militares para resolver el problema, tanto dentro como fuera del Ejército (cursos para militares; dotación de 600 € para los soldados de más de 45 años que pasen a la reserva; conciertos con Comunidades Autónomas, ayuntamientos, etc., para potenciar su contratación; cambios legislativos; conciertos con empresas para promocionar su contratación; etc.).

9.- El problema de fondo, el que realmente hay que abordar es que en las Fuerzas Armadas sobra personal. Abordar esto significa, a Abordar el problema del personal militar implica abordar el problema de la sobredimensión de las Fuerzas Armadas, lo que a su vez necesita:

  • Redefinir su tamaño
  • Por tanto redefinir también sus unidades y despliegue
  • Redefinir la ratio militar/soldado
  • Redefinir su peso en el gasto militar
  • Redefinir el acceso a las academias y a los grados militares
  • Establecer medidas de reconversión y/o pase a la situación de retiro
  • Establecer incentivos y estímulos para abordar la reforma del personal sin traumas; estímulos e incentivos que pueden financiarse con el ahorro en gasto militar que supone una reducción del personal adscrito a la defensa.

10.- El otro problema de fondo es el de acabar con los privilegios de los militares. Abordar y desterrar los privilegios militares existentes, lo que a su vez implica:

  • Suprimir la losa de la reserva
  • Suprimir las compatibilidades de cobro de prestaciones militares con otras prestaciones o emolumentos
  • Luchar contra el despilfarro en el ámbito militar.
  • Suprimir organismos y unidades innecesarias desde el punto de vista de la defensa.

2.- Motivo de este trabajo.

El presente informe surge de la preocupación de nuestro colectivo, compartida por un amplio sector del movimiento pacifista y antimilitarista, por las consecuencias que puede tener una posición de Unidos Podemos favorable a los planteamientos efectuados por la Asociación de Militares de Tropa y Marinería (AMTM) en torno al llamado problema de jubilación forzosa de los soldados mayores de 45 años y a la supresión del artículo 10 de la Ley de Tropa y Marinería para impedir la que llaman jubilación forzosa de este colectivo.

El pasado 23 de Septiembre de 2016, y con la firma de los Diputados Juan Antonio Delgado Ramos, portavoz de la coalición en la Comisión de Defensa, e Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, se presentó una Proposición no de Ley en nombre del Grupo Confederal Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la presentación de un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, y de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar: proposición que ha sido publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, de 4 de Octubre de 20161, la cual ha sido rechazada en sesión de la Comisión de Defensa de 24 de noviembre de 2016 conforme aparece en el Boletín de las Cortes Generales núm. 67, de 12 de diciembre de 2017, págs 47 y 482.

Dicho rechazo ha sido debido a la presentación por parte del Grupo Socialista de una propuesta para que se crease una subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas (Número de expediente 158/000009), que en la misma sesión de 24 de noviembre fue aprobada por unanimidad y que está próxima a elaborar su agenda de trabajo, previa a la emisión por parte de la subcomisión del correspondiente dictamen proponiendo al gobierno los cambios que estimen oportunos.

Por ello, aun cuando la proposición no de ley no ha seguido su tramitación, entendemos que el debate sobre esta polémica sigue vigente, dado que han de desarrollarse los trabajos de la subcomisión, por lo que nos parece pertinente realizar unas observaciones a fin de que se cuente con una mirada de mayor profundidad y complejidad un tema que, lejos de enmarcarse exclusivamente en una óptica sindical y de derechos de los trabajadores, trasciende este plano para poner el dedo en la llaga en el grave problema de sobredimensión secular y heredada del franquismo de los ejércitos, y en la suma de privilegios y complicidades de las que goza esta institución.

Concretamente la exposición de motivos de la ya antes referida Proposición No de Ley dice, textualmente (las negritas son nuestras):

A la falta de atención de estas demandas por el Gobierno, se suma ahora una situación que, por conocida y revisible, no ha sido objeto de políticas concretas que permitan evitar lo que, a todas luces, va a suponer un auténtico «ERE» encubierto y salvaje, que afectará en los próximos años a miles de mujeres y de hombres profesionales de las Fuerzas Armadas que no hayan adquirido la condición de militares de carrera.

Nos referimos al abandono obligatorio de las Fuerzas Armadas de miles de mujeres y hombres que al cumplir cuarenta y cinco años, perderán la condición de militar. Es decir, una carrera profesional, un puesto de trabajo, unas retribuciones y sus expectativas vitales, sin que exista, como alternativa voluntaria, un plan de incorporación a la vida civil, que establezca apoyos y recursos para la integración al mercado laboral ordinario.

Si esto es grave, más grave es que conociendo que esta situación se iba a producir, el Gobierno y el Ministerio de Defensa, no hayan dado cumplimiento a los mandatos legales que se establecen en diversas leyes. Así por ejemplo, el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas, ordena al Gobierno a que se ofrezcan a los miembros de las Fuerzas Armadas «programas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones, años de servicio e intereses profesionales». Dice la Ley que «dichos programas se implantarán por el Ministerio de Defensa en colaboración con las distintas Administraciones Públicas y con el sector privado y se desarrollarán durante la vida activa del militar».

En la misma línea, el artículo 21 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, ordena al Gobierno facilitar «durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas». Con este propósito se
desplegarán acciones de formación ocupacional que complementen los perfiles profesionales que faciliten su acceso al empleo. Se desarrollarán programas de autoempleo y medidas de apoyo a la viabilidad de estas iniciativas». Además, se ordena al Ministerio de Defensa que gestione y convenga «con instituciones públicas y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería».

Son, consecuentemente, cuatro los argumentos desde los que la Proposición No de Ley pretende la modificación del actual marco de la Ley de Carrera Militar para que los soldados y marineros que no adquieran la condición de militar de carrera, a su llegada a los cuarenta y cinco años adquieran la condición de militar al llegar a dicha edad, con la modificación del “régimen de renovaciones del compromiso, del compromiso de larga duración y el proceso de adquisición de la condición de permanente, para posibilitar la adquisición de la condición de militar de carrera y , en su caso, la plena y efectiva incorporación al mundo laboral”, tal como pide la Proposición:

  1. Se va a producir un ERE encubierto en perjuicio de los derechos de este colectivo.
  2. Se han incumplido las normas reguladoras y que exigen del Ministerio de Defensa un sistema encaminado a ofrecer una alternativa a los soldados y marineros que se aproximan a la edad de 45 años
  3. No existe un plan de incorporación a la vida civil para éstos
  4. Es viable convertirlos en militares de carrera.

Imaginamos que estos argumentos son la base inicial de discusión desde la que Podemos pretende abordar la situación, por lo que nos interesa principalmente centrarnos en los mismos, porque, como se verá, no son ni el verdadero problema ni, lo que es más importante, ciertos del modo en que se expresan.

3.- El argumentario de los partidos políticos en la segunda sesión de la Comisión de Defensa de 24 de noviembre de 2016, aprobando la constitución de una subcomisión.

El contexto de dicha Comisión venía alimentado por una continua presión de algunas asociaciones de militares, principalmente AUME, para que el gobierno derogase el artículo 10 de la vigente Ley de Tropa y Marinería, que impone el límite de 45 años de edad para los contratos temporales de soldados y marineros, a fin de posibilitar que los soldados y marineros que superen dicha edad pudieran seguir en el ejército, así como por dos acciones mediáticas emprendidas por AUME y los militares concernidos por esta situación: la caminata a pie hacia desde Badajoz hacia Madrid de dos exsoldados, Fernando Tello y David Rodríguez3 y la anunciada manifestación para dos días después de la celebración de la Comisión en la capital de cientos de militares en reclamación de una solución a su “despido” inminente.

Con estas premisas, el grupo de Podemos presentó al Parlamento una Proposición No de Ley (PNL) para instar al gobierno a abolir el referido artículo, proposición que fue enmendada por Ciudadanos y que posteriormente motivó la petición por el PSOE de que en vez de abordar este asunto en una proposición No de Ley, se creara una Subcomisión específica para que, con participación de expertos varios, asociaciones, gobierno, etc., se pudiera emitir un dictamen al gobierno con las conclusiones y las medias que el Parlamento considerara que se deberían tomar.

En la sesión de la Comisión de Defensa del 4 de octubre de 2016 se manejaron distintos argumentos que, en cierto modo, fijan el problema que el Parlamento quiere tratar y las previsibles soluciones que se manejan para abordarlo. Haremos un repaso de estas:

Destaca en las actas de la citada Comisión la explicación del problema y sus posibles soluciones que ofrece la diputada Cantero de Castro, promotora de la iniciativa de crear la Subcomisión. En cuanto al problema, lo define del siguiente modo  “ Los militares profesionales de tropa y marinería temporales alcanzan los cuarenta y cinco
años: en ese momento no se les renueva el compromiso de larga duración porque -todo hay que decirlo- así lo establece la ley”. Problema al que el Diputado Tarno Blanco, del PP, añade el envejecimiento de la tropa y su repercusión en la operatividad del ejército (lo que justificaría que no se quiera mantener tropa de más de 45 años).

Situado este problema fuera de un contexto más global, el de la sobredimensión del ejército, algo que arrastramos desde tiempo secular, es lógico que los diputados sitúen el origen del problema en la supresión del servicio militar obligatorio, que nutría de tropa militar gratis y cómoda a un Ejército ya sobredimensionado en su oficialidad, y en
la aprobación de la ley de tropa y marinería, que establece el régimen de los nuevos soldados profesionales.

Por ello, también es de apreciar que las soluciones que se proponen responden a estos presupuestos que se han establecido previamente como problemáticos: si el problema, de forma acrítica, es el impedimento de permanecer como tropa a los soldados con contratos de larga duración que superan los 45 años de edad, suprímase el impedimento, posición en principio mantenida en el debate de la Comisión de Defensa por Podemos y Ciudadanos, a la cual se le pueden añadir otras propuestas, como los que enumeró en su intervención la diputada Cantera de Castro, y que convenientemente ordenadas, serían:

– Formación técnica de los militares profesionales, con titulación homologada para la vida civil.

– Obtención de titulaciones oficiales del sistema educativo general, principalmente de FP de Grado Medio y certificados de profesionalidad.

– Revisar el sistema actual de temporalidad de los compromisos de corta y larga duración para:

o Garantizar mayor estabilidad y seguridad.

o Que las FAS puedan aprovechar mejor su capacitación y experiencia para determinadas especialidades.

– Tener en cuenta el rejuvenecimiento de los efectivos para la escala, pero con un margen de discrecionalidad mayor que el actual sistema.

– Fomentar vías para que los soldados que abandonen las Fuerzas Armadas puedan reincorporarse y cuando lo hagan estén altamente cualificados.

– Fomentar las vías de incorporación al mercado laboral.

– Planes de formación ocupacional con itinerarios individualizados, en colaboración con el Ministerio de Empleo.

– Reserva de plazas en las convocatorias de empleo público del conjunto de las administraciones públicas

– Mejorar el SAPROMIL tanto en número de ofertas como en perfiles

– Habla del pago de 7.200 euros anuales a los soldados y marineros que superan los 45 años y solicitan pertenecer a la Reserva de Especial Disponibilidad y pide analizar esto desde el punto de vista social y económico.

A las que el PP añade reforzar los convenios de colaboración con otras administraciones (cita por ejemplo los de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos para facilitar plazas de policía autonómica o local a soldados profesionales) y del SAPROMIL para reforzar el papel de éste de cara a una salida profesional fuera del Ejército para estos profesionales.

4.- El origen del problema

Visto este argumentario de forma sucinta, nos interesa ahora aclarar algunos puntos, empezando por desmentir el origen del problema que la Subcomisión se plantea, así como la definición del problema mismo.

El origen del problema de que los militares de tropa y marinería (MTM) de más de 45 años se queden sin empleo al llegar a dicha edad es más complejo y antiguo que este hecho en sí.

Nace de la propia estructura y composición del Ejército que se ha venido manteniendo desde la transición y porque, fieles a la idea de no levantar ampollas en el Ejército, los partidos que construyeron el “consenso” en materia militar, no quisieron hacer crisis en aquel y mantuvieron su sobredimensión, dotando o consolidando los privilegios de
permanencia de un personal que sobraba pero del que no se quiso renunciar por miedo a los problemas políticos que pudiera crear su malestar.

El grave problema que hasta ahora nadie ha querido abordar es la sobredimensión del Ejército español, su gigantismo y su irracionalidad desde cualquier punto de vista, incluido el militar, sumado a los privilegios con los que se ha querido reforzar desde los propios mandos militares y desde gran parte de la clase política que ha gobernado desde la muerte del general Franco, a la estructura castrense y a su oficialidad.

Al dotar a la oficialidad de medidas económicas y de permanencia (aunque en la reserva) en el Ejército, compatibilizadas con la posibilidad de un trabajo remunerado civil y hasta el retiro por edad, se ha creado un cuello de botella de oficialidad altamente costosa (524’13 millones de euros anuales) e innecesaria, pero que a la vez tapona el escalafón.

Si a esto se añade una ratio oficial/soldado de 1/1´7, fuera de toda racionalidad, y la necesidad de que la tropa y marinería sea relativamente joven, se hace evidente la insostenibilidad de llevar a cabo medidas que consoliden la permanencia en el Ejército de los soldados y marineros que cumplen determinada edad sin haber conseguido una
mejor salida profesional, ya sea acogiéndose a alguna de las múltiples medidas que ya existen para ello, ya sea desembocando en el sector civil, sin más, en igualdad de oportunidades con el resto de la ciudadanía.

Todo esto tendría otro desarrollo si la opción política no fuera, como hasta ahora, optar por un Ejército agigantado y se optase por un modelo de Ejército redimensionado y coherente.

4.1.- El ejército en la época franquista.

Como decimos, el problema actual deriva de la existencia, en tiempos de la dictadura militar franquista, de un ejército masivo, que incluía también el servicio militar obligatorio configurado como una escuela de control y adoctrinamiento, y que estaba tan orientado a defendernos de una posible invasión como a defender a la institución
dictatorial del enemigo interno.

Dicho ejército debía ser masivo por, al menos, tres motivos:

Por un lado se intentaba homogeneizar ideológicamente a la población masculina mediante el servicio militar obligatorio, inculcándoles durante el período de prestación militar valores como la obediencia ciega, la sumisión, el
acriticismo, el militarismo, la violencia, además de la ideología reaccionaria en temas políticos y sociales de la época.

Por otro lado, se optaba por una escala de mandos y oficiales amplísima y politizada. Muchos de ellos eran diputados en Cortes y otros eran gobernadores civiles u otros puestos importantes en la administración, en empresas públicas y privadas. Esto contribuía mucho, también, a la militarización de la sociedad.

El Ejército tenía en el franquismo un importantísimo papel de ocupación del territorio nacional para el control de la estructura social, ya se tratara de estructuras ferroviarias, como en acuartelamientos, como en la distribución
territorial para controlar aquellos lugares donde se pensaba que había más oposición a Franco.

Por lo tanto, la España franquista era una España militarizada y militarista, con un Ejército sobredimensionado y acostumbrado a los privilegios.

Al caer la dictadura de forma biológica y comenzar la transición, y desde entonces todos los ministros de Defensa han coincidido en ello, se vio que uno de los problemas importantes y estructurales de lo militar era su sobredimensionamiento en cuanto a efectivos de todo tipo, tanto de mandos como de oficiales y de tropa.

4.2- El gigantismo de nuestro Ejército desde la transición.

Todos los ministros de Defensa que hemos tenido desde que nace este ministerio en la transición (anteriormente existieron tres ministerios, uno por cara ejército: Armada, Aire y Tierra) han coincidido en hacer bien poco para solucionar el problema. Antes bien, lo han agravado.

Contamos con un ejército de más de 120.000 efectivos entre mandos y tropa (entre 110.000 y 120.000 según ley). Un ejército desmesurado desde el punto de vista cuantitativo y desproporcionado desde el de su propia  organización.

La ratio mandos/efectivos es de 1,7 efectivos por mando. Hay muchos más oficiales de los necesarios para el número de soldados existente (por ejemplo, incumplimos la ley en cuanto al generalato, al contar con muchos más generales de los legalmente previstos (262 actualmente en servicio activo frente a 169 previstos a partir de julio de
2017).

Por otro lado tenemos un número de soldados superior al que la lógica de un ejército defensivo necesita, sobre todo en la situación geoestratégica actual en la que no se prevé, en ningún tipo de escenario militar, que España sea invadida (que sería para lo que se podría necesitar un ejército masivo como el actual).

Para colmo, contamos con otro tapón más, el de la reserva activa, militares que sobran y no hacen nada (salvo percibir sueldos por su grado militar y obtener la prebenda añadida de poder trabajar en otra cosa a la vez) que es fruto de no haber querido resolver el problema del desmesurado ejército heredado del franquismo que tenemos.
Las dimensiones actuales del problema son gigantescas, y ello lo demuestran los propios presupuestos del Ministerio de Defensa que utiliza para personal (excluidas las clases pasivas, que curiosamente no forman parte del presupuesto destinado a Defensa y no computan como gasto militar en las cuentas gubernamentales y oficiales) una partida desproporcionada:

Evolución de los gastos de personal en el Ministerio de Defensa (en millones de €)

                                                               2012                      2013                      2014                      2015                      2016                      2017
Millones de €  
                               4.767                     4.636                     4.504                     4.503                     4.527                     4.530
% del Presupuesto                        66%                       73%                       78,39                     79’73 %                78’22 %             59’3 %
Variación (en millones)               – 131                     – 132                     – 1                         + 24                       + 3’29

La disminución en % de 2017 es debida a que en el total de los gastos del Ministerio de Defensa se han incluido, por fin, los gastos de los PEAS: 1.847’65 millones de €., lo que hace bajar el porcentaje dedicado a persona respecto del total de gasto (no así el monto total de la partida económica).

Es decir, el presupuesto del Ministerio de Defensa se dedica, en un grandísimo porcentaje a pagar sueldos de militares. ¿Hace falta alguna prueba más para demostrar lo infladísima que está la partida de personal en el Ministerio de Defensa?

Pero, junto con el problema del enorme coste militar que arrastra el pago de salarios de los ejércitos (mayor aún si sumamos el personal de la Guardia Civil, un cuerpo militar por su propio estatuto, o el personal del CNI), nos encontramos con otro mucho más nuclear, ya que la ratio oficial/efectivos en nuestro modelo es descabellada, un mando por cada 1´7 soldados, lejana a la que se mantiene en cualquier otro país de nuestro entorno y a la más sana lógica y eficacia.

Además, España cuenta con un número excesivo de militares en proporción a la población, situado en las ratios más altas de los países de nuestro entorno y que, nuevamente, demuestra el desmesurado e insostenible ejército que mantenemos, que ocupa casi 6 de cada 10 euros del presupuesto del departamento de Defensa a pagar salarios.

País                       Fuerza militar                  Población                           Ratio
Francia                 250.050                               63´63                                    254´46
Reino Unido      224.500                                65,10                                    289´97
Austria                                 25.963                                  8,69                                       334´70
España                                 121.848                                46´42                                    380´96
Alemania            177.608                               81,41                                    458´36
Italia                      112.000                                60,66                                    541´60

Un problema del que han protestado habitualmente los oficiales patrios es que existen pocas posibilidades de cumplir una carrera militar profesional completa y exitosa al máximo. Según ellos, son pocos los oficiales que pueden llegar a los máximos empleos (generalato).

¿Por qué un número tan desmesurado de oficiales? Porque las reformas de Gutiérrez Mellado y de Serra, en su día, y las posteriores, no se han atrevido a meter mano a esta situación heredada y han confraternizado con la fuerza de lobby de los oficiales militares aspirando a que manteniéndoles en esa situación de no reducir el número de mandos y vendiéndoles el caramelo de la reserva activa, los callarían y con ello su capacidad patente de influencia y de ruido.

¿Por qué no una reducción de tropa que no se necesita? Porque la ya ridícula ratio 1/1´7 se volvería incluso peor y resultaría inasumible socialmente. Abordar una reforma del personal del Ejército sólo es factible si es integral y supone una drástica reducción de efectivos, pero una drástica reducción de efectivos implicaría un volumen de gasto
militar mucho menor (el 59’3 % del presupuesto del Ministerio de Defensa se destina a Efectivos y mandos en activo sin contar fuerzas paramilitares como Gendarmería francesa, Guardia Civil española, etc.

Para pagar sueldos, dejando patente que la principal actividad de la política militar que gestiona Defensa es pagar sueldos) lo cual perjudica los intereses tanto del Ejército como de la facción militarista de nuestra élite política y económica, que hace negocio al albur de la exacerbación del militarismo (no en vano somos la sexta potencia mundial vendiendo armas, con una directa implicación de industrias, banca y otros operadores privilegiados y nuestra política de exteriores consiste en las 79 operaciones militares que desde Felipe González hemos realizado en apoyo a los intereses geoestratégicos de Occidente y de los intereses de la élite que éstos defienden).

Pero todas estas medidas, en vez de abordar el grave problema del Ejército, su gigantismo, en realidad lo que han generado es la cronificación del mismo. Hoy en día, el exceso de una oficialidad innecesaria y sin una verdadera función militar, agiganta el grave problema de plantilla del Ejército, impone la necesidad de dotar con 524’13
millones de euros anuales de gasto sólo para atender a los sueldos de la reserva, e impide la necesaria renovación y rejuvenecimiento de la oficialidad, así como una reducción necesaria del número de mandos. Son demasiados los oficiales que salen de las academias y, por lo tanto, es imposible que todos puedan llegar al generalato.

Por otro lado, este planteamiento de llegar a la cúspide sólo existe en lo militar. Ningún funcionario se plantea que todos los funcionarios del Estado han de llegar a lo máximo en su carrera profesional. Tampoco lo hacen aquellas personas dedicadas a lo privado.

Si así se hiciese se consideraría una locura. Sin embargo, los militares de mayor rango lo reivindican para sí con plena naturalidad.

Por no ir muy lejos, en junio de 2013 Morenés optó por una reducción muy leve de sus plantillas de oficiales y suboficiales, reduciendo sólo 880 de ellos para el quinquenio 2013-2017

5.- Distinto trato a oficiales y efectivos

El trato especial a los oficiales

Los ministros de defensa de la transición consolidaron una serie de medidas con las que pretendían abordar el problema de una oficialidad inmensa, influyente en lo político, por lo general de ideología ultraderechista y que no había renunciado a ejercer una especie de tutela militar del devenir del Estado.

Por eso se le ofreció, bien pronto, la posibilidad del pase a la reserva, pero adscritos a unidades del Ejército y cobrando la correspondiente nómina por su rango militar, más la posibilidad de compatibilizar esta situación con otro trabajo privado. Probablemente se pretendía así garantizar la fidelidad y el silencio de estos oficiales ante los inexorables cambios en el Ejército y la necesidad de retirar de los puestos de mando a los oficiales más recalcitrantes sin hacer excesivo ruido.

Para ello se compatibilizó por ley el cobro propio de la situación de reserva con la posibilidad de tener, a su vez, otro trabajo remunerado, dado que éstos se hicieron, por ley, compatibles con la reserva militar.

Además, los sueldos de los mandos y oficiales mejoraron respecto de los de la época anterior, por lo que dejó de ser necesario tener un segundo empleo para llegar a fin de mes, algo de lo que se quejaba el ejército del franquismo.
Otro aspecto destacable que intentaba frenar el ruido de sables en los salones militares y transformar a su oficialidad, muy cercana al franquismo y educada en Academias de Oficiales muy franquistas, fue dar una orientación profesional muy marcada a los oficiales militares.

De este modo, a los mandos militares se les orientó, progresivamente, a ser profesionales de lo militar, a poder hacer intervenciones en el extranjero con ejércitos de otros países, sin quedar en ridículo y pudiendo hablar inglés para coordinarse (algo vivido como especialmente importante por las cúpulas militares), pero ante todo pudiendo establecer objetivos militares y cumplirlos lejos de nuestras fronteras para que se olvidasen, poco a poco, de su inveterado intervencionismo interno.

Los remedios con todo, no han hecho sino incrementar la propia desmesura del problema como podemos observar en el cuadro de evolución de las plantillas Las medidas iníciales no sirvieron para reducir el enorme peso de la  oficialidad en el conjunto de las Fuerzas Armadas. En 2012 (con gobierno del PSOE) los datos eran muy preocupantes. Hacemos referencia a una noticia de 2012: La Ley de la Carrera Militar (19 de noviembre de 2007) dejaba el número de generales en 200 y el de coroneles en 1.050. Esta ley hace la salvedad de que “Los oficiales
generales que sean nombrados para ocupar puestos en la Casa de Su Majestad el Rey o en organizaciones internacionales u otros organismos en el extranjero no estarán incluidos en los 200 efectivos de plantilla y su número será indeterminado“.

Además, fijaba (es un decir) una horquilla de 130.000-140.000 efectivos para las fuerzas armadas en las que estaban incluidos un máximo de 50.000 oficiales generales, oficiales y suboficiales. Es decir, un 64’3 % de soldados y un 35’7 % de mandos. En otros términos, algo más de un mando por cada dos soldados.

El dato es estremecedor: el ejército español está inflado en cuanto a mandos, había un general o coronel por cada 72 soldados o, lo que es lo mismo, demasiada ideología militarista para cada pocos mandados.

El 24/06/200814 se informaba de que Chacón recortaba el número de generales y los dejaba en 244 para el periodo 2008-2009. El recorte era pequeño, en total 6 generales menos (entre los tres ejércitos) y 9 coroneles menos, según el periódico Ecodiario. El monto total de generales y coroneles para ese periodo se establecía en 1.421.

Pero, sorprendentemente, en el posterior Real Decreto de 5 julio de 200915, actualmente está en vigor, se fijan las siguientes cifras:

  1. 2009-2010: 258 generales y 1.214 coroneles.
  2. 2010-2011: 255 generales (– 1’2%) y 1.196 coroneles ( – 1’49%).
  3. 2011-2012: 251 generales ( – 2’72%) y 1.150 coroneles ( – 5’28% ).
  4. 2012-2013: 251 generales (0 %) y 1.136 coroneles ( – 3’71%).

En total, durante el cuatrienio 2009-2013 se van a amortizar 7 generales (- 2’72%) y 78 coroneles (-6’43%). En total 85 oficiales generales (un – 5’78%) en 4 años, ni a dos generales por año, ni a 20 coroneles por año. Suponemos, entonces que realmente se da de baja y no se cubre su plaza a aquellos que, penosamente, mueren y ¡nada más!
Acabamos de poner ejemplos del trato especial que se ha dado a los altos mandos habitualmente con esta otra noticia de septiembre de 2012:

La Revista Tiempo nos informa de que el general Alberto Asarta, que comandó la misión de la O.N.U. en el Líbano tiene todas las papeletas para ser nombrado jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Pero que para ello debería ser ascendido a teniente general y ahí se produce un pequeño contratiempo.

Por ley sólo puede haber 8 tenientes generales y la realidad es que, no sabemos cómo, hay 16 ya.

Podemos concluir que el trato dado a la oficialidad ha sido de exquisito privilegio, una parte importante del problema, y que es esta una de las graves lacras que no se quieren abordar.

El tratamiento del problema en la tropa

El problema de una oficialidad desmesurada del franquismo y en la transición no ha repercutido del mismo modo en la tropa. En aquellas épocas no era necesario compensar de igual manera a los soldados y marineros porque ellos se renovaban constantemente a través del servicio militar obligatorio y por tanto no había embotellamiento ni problemas de envejecimiento.

Solamente un par de décadas más tarde, cuando en los 90 desapareció la mili, se optó por contratar soldados voluntarios y por establecer contratos temporales para ellos.

Con ello se lograban varias cosas:

Se intentaba acabar con las protestas constantes, las deserciones, y el abandono progresivo de lo militar que preconizaban las campañas de objeción e insumisión. Cada vez la sociedad se sentía y ejercía más su desafección a lo
militar.

Se intentaban evitar, también, los múltiples abusos que ocurrían durante el servicio militar, obligando a los soldados a hacer trabajos no remunerados para los mandos y los acuartelamientos.

Se buscaba un nuevo perfil público y propagandístico para el Ejército. Se buscaba dar una versión más profesional, alejada del ejército franquista, libre de las críticas continuas que sufría en las últimas décadas.

Los soldados voluntarios también iban a ser profesionales. Ello requería una gran inversión económica, salvo que su número fuese bajo. Pero un ejército con un número bajo de efectivos no era, para la época, una opción que generase simpatías en el ejército.

Los diferentes gobiernos de PP y PSOE han optado por cifras de militares muy elevadas.

Actualmente, por ley, entre 110.000 y 120.000. A pesar de que múltiples trabajos ven mucho más real, conveniente y eficaz números alrededor de 60.000 militares.

Con una cifra de este tenor el problema de los soldados de más de 45 años sería mucho más bajo y simple: permitiría una mayor renovación y rejuvenecimiento de los soldados (es impensable mantener soldados con edades avanzadas desde la pura lógica militar) y haría más abordable el dar un cauce alternativo a los soldados al final de su período de
servicio, pues su número menor permite absorberlos de modo diferente.

Por lo tanto, el problema que hoy existe con los soldados que llegan a los 45 años sin haber conseguido engancharse a alguna de las múltiples propuestas que existen y se prevén por ley para el caso, deriva, en una gran parte, de decisiones política mal tomadas que han querido seguir contando con Ejércitos sobredimensionados sin
importar las consecuencias.

Actualmente, este problema se sigue agravando con las nuevas convocatorias de plazas. Así, el 18 de marzo de 2017 se publicaba en el BOE:  Resolución 452/38045/2017, de 9 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el
proceso de selección para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería
(…)

Mediante la presente Resolución se ofertan dos mil (2.000) plazas, correspondientes al Ciclo de Selección número 1, de acuerdo con la distribución que figura en el Anexo II. Del total de estas plazas, los extranjeros podrán optar en concurrencia con los españoles a cuarenta y tres (43).

Es decir, la actuación del Ministerio de Defensa no es la de solucionar el problema que crea su opción por contratar un número elevado de personal menor de 45 años, sino la de agravarlo, año tras año, aumentando el número de soldados en cada convocatoria nueva, para conseguir que sea tan grave que haya que solucionarlo fuera
de su propio ámbito.

Por otra parte, tanto el PP como del PSOE, han optado en sus respectivos períodos de gestión de la política de defensa por un modelo de contratación que, igualmente, origina el problema. La opción política del Ministerio de Defensa, no de nadie más, es que sólo le interesan militares de tropa y marinería hasta los 45 años. Le da igual los
problemas que esto les pueda suponer a estas personas tras pasar la cifra de 45 años. En nuestra opinión, el problema lo crea Defensa y debería resolverlo Defensa, no el conjunto de la Función Pública Española integrando a estas personas en el funcionariado por la puerta de atrás.¡

Además, como se verá más adelante, son muchos los esfuerzos que se han hecho y se hacen para dar salida a este problema. Y estos esfuerzos llegan al nivel de dotar de privilegios a los soldados antes de que lleguen a los 45 años porque dichos impulsos no se hacen en las áreas civiles de la Administración.

6.- Cuantificación del problema de soldados mayores de 45 años.

Aparentemente, existe un problema, el que ha motivado la presentación de la Proposición No de Ley, consistente en que los militares de tropa y marinería que, por falta de la debida atención y previsión, llegan a los 45 años de edad con contratos de larga duración militar, deben abandonar el ejército sin que se les ofrezca alternativa a dicha fecha, lo que, se dice, atenta contra sus derechos laborales y es un ERE encubierto.

Conviene por tanto, empezar por determinar la magnitud y características del problema.

¿A cuánta gente afecta?

En el texto “Estadísticas de personal militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas año 2015”, de la Unidad estadística del órgano central, dependiente de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, (abril 2016) se nos ofrece el dato estadístico del personal de las clases afectadas Según dos de sus tablas (pág. 2-14) resulta que.

A tenor de estos datos, las personas que pueden estar hipotéticamente afectadas a corto y medio plazo por esta problemática son las que actualmente tienen entre 40 y 45 años, que irán llegando en un plazo de los siguientes cinco años a la edad donde supuestamente no podrán seguir reenganchándose.

Estas personas son, en números

Edad                                     Núm. de personas                         Fecha de afectación
45                                                          5                                                            2015
44                                                          135                                                        2016
43                                                          486                                                        2017
42                                                          1.221                                                    2018
41                                                          2.388                                                    2019
40                                                          3.474                                                    2020
Total                                                                                                    7.707                                                    7.567
Como los datos de los que disponemos son de 2015, habría que concluir que los 5 efectivos de 45 años de edad y los 135 de 44 años en 2015 ya han sido afectados por estas medidas.

Durante la presente legislatura se prevé, por tanto, que se vean afectados un máximo de 7.567 soldados por una medida como está.

Además, avisamos de que el cuadro anterior puede ser engañoso si se toma cada cifra anual como la cifra de los soldados que van a llegar a los 45 años en las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, lo más probable es que el número de personas que efectivamente se encuentren en esta situación sea menor del máximo dado por las tablas, puesto que muchos de ellos, aunque cumplan los 45 años en el año previsto, habrán buscado salida a su situación personal, bien en las Fuerzas Armadas, o en la reserva activa, o en la
empresa privada, tres opciones que ya se contemplan y que, en la actualidad, absorben gran parte de la situación creada (de ahí el número decreciente de personas afectadas al llegar a los 45 años según la tabla). Es decir, es previsible que el número final de 7.567 personas sea menor, no se sabe en qué cantidad.

Debemos señalar, además, que el problema, por lo que se ve, se circunscribe principalmente a los soldados de tropa del Ejército de Tierra, principalmente a los cabos que no han podido o no han querido acceder a la condición de militares de carrera, no a todos los ejércitos, como puede verse de la siguiente desagregación de datos:

40 años                41 años                42 años                43 años                44 años                45 años
Ejercito tierra:
Cabo 1º                               1                             179                        129                        77                           30                           15
cabo                                     328                        195                        91                           18                           4                             0
Soldado                               131                        82                           32                           7                             0                             0
Marina
Cabo 1                                 104                        80                           47                           27                           7                             1
Cabo                                     57                           43                           24                           10                           1                             0
Soldado                               17                           12                           10                           1                             1                             0
Marinero                            52                           26                           5                             1                             1                             0
Ejército del aire
Cabo 1                                 79                           77                           65                          41                           1                             0
Cabo                                     194                        147                        55                           27                           6                             0
Soldado                               17                           13                           0                             0                             0                             0

7.- ¿En qué consiste el verdadero problema?

Dos son las fuentes de información con las que queremos precisar más el meollo del problema que se dice existe.

  1. La comparecencia de febrero de 2017 del Presidente del Observatorio de la Vida Militar ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, (Diario deSesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Defensa, de 22 de febrero de 2017, sesión núm 5) y el informe elaborado por el Observatorio de la Vida Militar referido a 2015 que se explicó en esa Comisión
  2. y un informe interno del Ejército de Tierra del que no contamos con el texto, pero sí con información por medio de Europa Press, la agencia oficial de noticias dependiente del Gobierno El informe interno del Ejército de Tierra dice que el gran problema existente es que se abusa de los contratos de larga duración y que los contratados tienden a extenderlo hasta agotar todo lo posible en un 95% de los casos, con lo que se produce un embotellamiento y, lo que es peor desde el punto de vista operativo del Ejército, un envejecimiento de la tropa, contrario al interés operativo del propio Ejército, por lo que se proponen tomar medidas para ir “rejuveneciendo” la tropa y desincentivando los
    contratos de larga duración.

Ello nos ofrece otro punto de vista de esta realidad mucho más ajustado:

1- Sobran militares (para el Ministerio de Defensa), particularmente estos más viejos

2.- No tienen salida dentro del propio sistema militar, por lo que su persistencia en agotar contratos y reenganches, cuando menos, es bastante obstinada.

3.- Al parecer, tampoco buscan fuera del sistema militar ni de forma activa una salida personal o colectiva, delegando su problema a que se lo solucionen otros.

Según los datos del Observatorio de la Vida Militar para el período 2009 a 2016, “En dicho periodo, el personal de tropa y marinería con contratos temporales ha decrecido en un 76 %, mientras que aquellos con contrato de larga duración se han incrementado en un 44% y los de tropa de carácter permanente se ha mantenido con ligeras variaciones.”

8.- ¿No existen “ofertas y alternativas” para estos soldados y marineros dentro del propio modelo?

Los soldados de tropa y marinería cuentan en el desarrollo de su compromiso con el Ejército con varios mecanismos de promoción y con diversos itinerarios:

1) Seguir el llamado “proceso de promoción” que se define en el art. 62 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, que posibilita el acceso de los militares de tropa y marinería a las enseñanzas de oficiales del ejército sin tener que pasar por el cuerpo de suboficiales

2) Un Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales del Personal Militar dirigido a personal militar de cualquier categoría profesional que voluntariamente decide desvincularse de las Fuerzas Armadas.

3) Y para los más renuentes, a falta de algo mejor, y siempre que consigan llegar a los 45 años con contratos militares, pasar a la reserva movilizable, con los emolumentos pertinentes.

Además, para facilitar el acceso de tropa y marinería a la promoción, Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, se han multiplicado las ofertas formativas para que puedan acceder con ciertas garantías a los procesos de promoción, lo que facilita una vía de salida para quienes han querido.

Es decir, no es cierto que no exista un sistema pensado para la derivación de los soldados y tropa a salidas tanto dentro como fuera del propio sistema militar. Que su eficacia sea mayor o menor, y por tanto, que puedan preverse mejoras de su eficacia es un asunto diferente. Como también lo es que los militares afectados por esta situación se hayan movido o no para buscar una solución que a ellos más que a nadie le incumbe, o que estamos hablando del sector del ejército probablemente menos apto o más apático, pero no puede decirse, como hace la iniciativa de Podemos, que hay que dar a estos militares una situación especial porque no se ha hecho nada o porque no haya otra solución.

9.- ¿En qué situación quedan estos soldados al llegar a los 45 años?

Tampoco es cierto que los soldados veteranos que llegan a los 45 años de edad queden en una situación de desvalimiento.

Por contra, si cumplen el requisito de haber cumplido el requisito de 18 años de servicio activo, seguirán percibiendo 7.200 euros anuales (a fecha de hoy) si se inscriben en la reserva de especial disponibilidad, establecida por Ley 8/2006 de 24 de abril16 de Tropa y Marinería, cantidad que pueden cobrar hasta la edad de su jubilación y que es incompatible con cualquier otro emolumento por prestación de servicio en el sector público (no así el privado).

Así se dice el art 17 de la norma :

“1. Los militares profesionales de tropa y marinería, siempre que tengan cumplidos al menos 18 años de servicios y lo soliciten,  adquirirán la condición de reservista de especial disponibilidad una vez finalizado el compromiso de larga duración al cumplir la edad de
45 años.

El militar profesional de tropa y marinería, que con más de 45 años de edad no haya cumplido los 18 de servicios por haber accedido a la condición de militar de tropa y marinería con más de 27 años de edad, y tenga posibilidad de alcanzarlos antes de cumplir los 47 años de edad, podrá ampliar su compromiso hasta que adquiera el tiempo de servicios mencionado.

La condición de reservista de especial disponibilidad se mantendrá hasta cumplir los 65 años de edad, a no ser que el interesado renuncie a ella, que con anterioridad a esta edad haya sido declarado en situación de incapacidad total, absoluta o gran invalidez o que se
haya adquirido la condición de pensionista por jubilación o retiro.”

Y el artículo 19

“1. El reservista de especial disponibilidad percibirá una asignación por disponibilidad, distribuida en 12 mensualidades, por un importe de 7.200 euros al año; dicha cuantía será actualizada y podrá ser objeto de revisión al alza en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. Esta asignación por disponibilidad es incompatible con cualquier otra retribución procedente del sector público.

Los reservistas de especial disponibilidad podrán estar voluntariamente de alta en el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, siempre que abonen a su cargo las cuotas correspondientes al interesado y al Estado.

La protección social de los reservistas de especial disponibilidad, incluida la asistencia sanitaria, estará cubierta por el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, cuando voluntariamente lo deseen. Para disponer de esta cobertura estarán obligados al pago de la cuota íntegra correspondiente.

Cuando se adquiera la condición de reservista de especial disponibilidad, éste conservará los derechos pasivos que para sí o sus familiares pudiera haber adquirido hasta ese momento, en los términos fijados en la disposición adicional décima del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.

El reservista de especial disponibilidad estará obligado a incorporarse a los Ejércitos en caso de ser activado, salvo causa de fuerza mayor. El incumplimiento de esta obligación llevará consigo la pérdida del derecho a percibir la asignación por disponibilidad, y podrá dar lugar a la adopción de otras medidas que se fijarán reglamentariamente.”

Pero, además, el art. 10.5 de la citada ley, en consecuencia, declara para los soldados que no adquieran la condición de reservista de especial disponibilidad:

“También tendrán derecho a percibir la prima por servicios prestados aquellos militares profesionales de tropa y marinería que al cumplir la edad de 45 años no adquieran la condición de reservista de especial disponibilidad.”

El reservista de especial disponibilidad no tendrá la condición de militar, pero, si resulta activado, recobrará el empleo y sueldo que corresponda a su categoría y el tiempo de activación computará como cotizado y, más importante, como realizado a los efectos de cobro de trienios y complementos.

Junto con ello, las cotizaciones que el Estado realiza por ellos les garantizará, a su jubilación, una pensión de clases pasivas equivalente a la que corresponde por su tiempo cotizado.

10.- Análisis de la Proposición No de ley:  argumentos en contra.

La Proposición No de Ley en nombre del Grupo Confederal Podemos-En Comú Podem- En Marea, sobre la presentación de un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, y de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar pretende ofrecer una salida laboral a los soldados que llegan a los 45 años sin haberse acogido a ninguna medida y pretende abordar este tema como si se tratara de un problema laboral de unos trabajadores afectados por una especie de ERE del Ministerio de Defensa.

Sin embargo, su argumentario es incompleto. Principalmente parte de cuatro premisas que no son del todo ciertas y que debemos someter a reconsideración por las graves consecuencias que, estimamos, pueden tener el que Podemos se alinee con esta reivindicación, pero, sobre todo, porque perdería la oportunidad de debatir más profundamente el meollo de la situación de personal de las Fuerzas Armadas y la necesidad de un redimensionamiento de la defensa y un reenfoque de sus políticas:

  • No es cierto que se hayan incumplido las leyes que regulan y exigen de defensa un sistema encaminado a ofrecer una alternativa a estos militares
  • No es cierto que exista una obligación de ofrecerles este aseguramiento que se pretende
  • No es cierto que se esté dando un ERE encubierto para este colectivo
  • No es cierto que sea viable el convertirlos, como se pretende, en funcionarios encubiertos, contraviniendo los arts. 14, 106 y 23.2 de la Constitución.

10.1.- Cumplimiento de la Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, y la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería Se alega el incumplimiento de la ley 8/2006 y concretamente su art. 32. Dicho artículo en su numeral 3 dice:

Se ofrecerán a los miembros de las Fuerzas Armadas programas de incorporación a otros ámbitos laborales acordes con su empleo, titulaciones, años de servicio e intereses profesionales. Dichos programas se implantarán por el Ministerio de Defensa en colaboración con las distintas Administraciones Públicas y con el sector privado y se desarrollarán durante la vida activa del militar.

En modo alguno dice que el compromiso sea reinsertar laboralmente a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, ni tampoco asegurarles un puesto de trabajo de por vida, sino, sencillamente, prever mecanismos para procurar una inserción de los miembros de las fuerzas Armadas a otras desembocaduras profesionales.

A su vez, la Ley Orgánica 9/2011 de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas dispone en su art. 7

Artículo 7. Compromiso inicial. 1. El compromiso inicial será suscrito de forma inmediata y voluntaria por aquellos aspirantes a militar de tropa y marinería que hayan superado el periodo de formación establecido en la convocatoria de pruebas selectivas para el acceso a tal condición. En este compromiso inicial se especificarán en todo caso su duración y el destino, así como otras circunstancias relacionadas con la trayectoria profesional del soldado y marinero, que en todo caso formarán parte de la información general facilitada a los mismos antes de iniciarse como alumnos del centro militar de formación.

El art 135 de la Ley de la Carrera Militar dice a su vez Colaboración con las Administraciones Públicas y con el sector privado. 1. El Ministerio de Defensa promoverá la colaboración con las Administraciones Públicas así como con empresas del sector privado para facilitar el desarrollo del modelo de reservistas voluntarios, su formación e incorporación, en su caso, a las Fuerzas Armadas. 2. El Gobierno promoverá acuerdos con entidades empresariales para que faciliten la incorporación de sus empleados como reservistas voluntarios y colaboren en la contratación de militares de complemento y militares de tropa y marinería una vez que hayan finalizado su compromiso con las Fuerzas Armadas. En dichos acuerdos se establecerán los beneficios derivados de dichas colaboraciones”.
Como se ve, existe un sistema reforzado de medidas de lo militar a la hora de buscar el reciclaje de su personal envejecido.

Para dar cumplimiento a este mandado existe el SAPROMIL (Sistema de Aprovechamiento de capacidades Profesionales del personal Militar), dependiente de la DIGEREM (Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, del Ministerio de Defensa), que cuenta con página en internet

En el desarrollo de SAPROMIL colaboran otras direcciones militares:

  • La Dirección General de Personal (DIGENPER) y el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, con la planificación y la gestión del personal militar;
  • la Dirección General de Armamento y Material (DGAM),
  • la Dirección General de Asuntos Económicos (DIGENECO) y a la Secretaría General Técnica (SEGENTE) en su caso, que confeccionan los Pliegos de Cláusulas Administrativas para los contratos entre el MINISDEF y las empresas se incluyan cláusulas que potencien la incorporación de personal militar al mercado laboral;
  • La Dirección General de Infraestructura (DIGENIN), y, dentro de ella a Subdirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (SDGTIC), que define el sistema de información, comunicación y apoyo a las salidas profesionales (obtención de los recursos tecnológicos, seguridad y protección de la información, mantenimiento del sistema y de la plataforma);
  • la Asesoría Jurídica General de la Defensa (AJUGEDEF) asesorar en las posibles modificaciones normativas o redacción de nuevas normas tales como posibles cambios de situaciones administrativas, y
  • la Intervención General de la Defensa (INTERDEF)
  • Con independencia de la mayor o menor eficacia de este dispositivo, un organismo que implica tantos organismos del propio Ministerio de Defensa, parece algo arriesgado decir que existe una desatención precisamente a una problemática a la que se destina todo este entramado de actividades y departamentos.

SAPROMIL ofrece

  • Mediación laboral (ofertas-demandas)
  • Formación de otras administraciones
  • Convenios de colaboración para recolocación

Según la Memoria del Observatorio para la Vida Militar, pág. 71, Según el informe de la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar, en la actualidad están inscritos en el programa en calidad de potenciales solicitantes de puestos de trabajo más de 2.600 militares, de todas las categorías profesionales, y existen 50 empresas colaboradoras de SAPROMIL para proporcionar ofertas de empleo.

Se puede, repetimos, discutir la eficacia del instrumento, pero no el instrumento mismo, que existe y es tangible.

SAPROMIL, por otra parte, cuenta con 40 convenios, que en su propia página web destaca CONVENIOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA PARA FOMENTAR SAPROMIL

  • Administración General del Estado
  • Convenio de colaboración MINISDEF-SEPE para la formación profesional para los militares de Tropa y Marinería
  • Convenio entre el MINISDEF y el MINETUR para la colaboración en el ámbito de la ciberseguridad
  • Con Comunidades y Ciudades Autónomas
  • Convenio de colaboración MINISDEF-INAEM para desarrollo conjunto de acciones formativas y de incorporación laboral
  • Adenda al convenio de colaboración MINISDEF-INAEM para desarrollo conjunto de acciones formativas yde incorporación laboral
  • Convenio de cooperación entre el MINISDEF y la Comunidad Autónoma de Madrid para la realización de acciones conjuntas en materia educativa para los MTM.
  • Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia para la realización de acciones conjuntas en materia educativa.
  • Convenio de cooperación entre el Ministerio de Defensa y el Departamento de Educación y Ciencia del Gobierno de Aragón.

Con Entidades Locales

  • Convenio de colaboración MINISDEF-Ayuntamiento de Valladolid para la realización de acciones conjuntas para impulsar la incorporación al mundo laboral del personal militar.
  • Convenio de colaboración entre MINISDEF-Ayto. de Alcorcón para la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral del personal militar.
  • Convenio de colaboración MINISDEF-Ayto. de Alcorcón para la reserva de plazas de personal del Cuerpo de Policía Municipal para personal militar de las Fuerzas Armadas
  • Protocolo de colaboración MINISDEF- Ayuntamiento de Madrid para facilitar el acceso de MTM a la Policía Local
  • Adenda al Protocolo de colaboración MINISDEF Ayuntamiento de Madrid para facilitar el acceso de MTM a la Policía Local
  • Protocolo de colaboración MINISDEF-Ayuntamiento de A oruña para facilitar el acceso de MTM a la Policía Local
  • Protocolo de colaboración MINISDEF-Ayuntamiento de Sta.Cruz de Tenerife para facilitar el acceso de MTM a la Policía Local
  • Protocolo de colaboración MINISDEF-Ayuntamiento de Córdoba para facilitar el acceso de MTM a la Policía Local
  • Protocolo de colaboración MINISDEF-Ayuntamiento de Segovia para facilitar el acceso de MTM a la Policía Local
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Alcobendas al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Alcorcón al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Collado Villalba al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Coslada al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Getafe al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Las Rozas al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Leganés al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Móstoles al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Pinto al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón al convenio MINISDEF-FMM
  • Protocolo de adhesión del Ayuntamiento de Colmenar Viejo al convenio MINISDEF-FMM
  1. Con Federaciones de Municipios y Provincias
  • Convenio de colaboración MINISDEF-FMM para impulsar la reserva de plazas de Policía Local en
    municipios de la Comunidad de Madrid
  • Convenio de colaboración MINISDEF-FAMCP para la realización de acciones conjuntas que impulsen la incorporación al mundo laboral del personal militar.
  • Convenio de colaboración MINISDEF-Federación Española de Municipios para favorecer la valoración como mérito de los servicios prestados en las FAS como MTM temporal o Reservista voluntario.

Con Universidades

  • Convenio Específico UNIR
  • Convenio de colaboración MINISDEF-UNIR
  • Adenda Convenio de colaboración MINISDEF-UNIR
  • Convenio de colaboración MINISDEF-Fundación Universitaria San Pablo CEU
  • Convenio de colaboraciónCon Asociaciones Empresariales, etc.
  • MINISDEF-AESMIDE para la realización de acciones conjuntas que favorezcan la incorporación al mundo laboral del personal militar.

Adenda al convenio de colaboración MINISDEF-AESMIDE para la realización de acciones conjuntas que favorezcan la incorporación al mundo laboral del personal militar.

Convenio de colaboración MINISDEF-TEDAE para la realización de acciones conjuntas que favorezcan la incorporación al mundo laboral del personal militar.

Convenio de colaboración MINISDEF-Club de Exportadores e Inversores Españoles, para la realización de acciones conjuntas que favorezcan la incorporación al mundo laboral del personal militar.

Por si faltara algo, contamos con una orden ministerial, OM 2/2009 de 22 de enero (BOD 19) por la que se regula el desarrollo profesional de los militares de tropa y marinería, que desarrolla la ley de tropa y marinería y que dispone
Tercero. Ámbito de aplicación. Esta orden ministerial será de aplicación a los militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en situación administrativa de servicio activa. También será de aplicación, en lo que a intermediación laboral se refiere, a los militares profesionales de tropa y marinería que se encuentren en situación legal de desempleo, durante los dos años posteriores a la fecha de baja y Cuarto. Apoyos formativos para el desarrollo profesional. Además de la enseñanza de formación y de perfeccionamiento a que se refiere el artículo 43 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre2, de la carrera militar, los apoyos formativos que facilitará el Ministerio de
Defensa para que los militares de tropa y marinería puedan alcanzar los objetivos de desarrollo profesional serán los siguientes:

  1. a) Cursos para facilitar el acceso a la promoción interna.
  2. b) Cursos para la mejora de la titulación adquirida en el Sistema Educativo General.
  3. c) Cursos para la preparación de las pruebas de acceso a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil y a la Escala Básica el Cuerpo Nacional de Policía.
  4. d) Cursos de formación profesional para el empleo, en las especialidades más demandadas en cada momento por el mercado de trabajo.
  5. e) Cursos de formación para fomentar el autoempleo y la creación de empresas.
  6. f) Otros tipos de formación de naturaleza análoga, a fin de adaptarse a la evolución del mercado de trabajo.

El Ministerio de Defensa proporcionará esta oferta formativa bien de forma directa, o promoviendo convenios de colaboración con otros Departamentos ministeriales, con las Comunidades Autónomas y con otras entidades públicas o privadas.

Para conseguir mayores oportunidades de acceso a todos los cursos de formación será objeto de atención preferente la progresiva extensión de la formación on line a todas las Unidades, Centros u Organismos del Ministerio de Defensa, a través de la formulación de un plan específico.

Será objetivo prioritario atender las necesidades formativas de los militares profesionales de tropa y marinería que no estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Igualmente, aquellos que manifiesten con la antelación suficiente su intención de causar baja en las Fuerzas Armadas tendrán prioridad para el acceso a éstos apoyos formativos, especialmente los referidos a la formación profesional para el empleo y formación para el autoempleo.

Como regla general, este tipo de apoyos deberán facilitarse como resultado del proceso de orientación profesional, una vez cumplidos tres años de servicio.

No obstante, se excluyen de esta limitación temporal los militares profesionales de tropa y marinería que acrediten una especial capacidad para acceder a la escala de suboficiales quienes podrán realizar programas intensivos de preparación para la promoción interna.

También se excluyen de esta limitación temporal los militares profesionales de tropa y marinería que no estén en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

La formación para el cambio de especialidad contemplada en el artículo 14 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, cuando ésta tenga por finalidad adquirir una formación orientada a la promoción profesional, se proporcionará durante el compromiso de larga duración en las condiciones recogidas en la Orden DEF/3316/2006, de 20 de octubre, por la que se regulan determinados aspectos de los compromisos, el cambio de relación de servicios y el cambio de especialidad del militar profesional de tropa y marinería De este modo, facilita salidas profesionales a los militares de tropa y marinería en

  • reserva de especial disponibilidad
  • academia de suboficiales
  • guardia civil
  • policía nacional
  • policía autonómica
  • policía local
  • reserva de plazas en ofertas públicas de empleo

De tal manera, no solo es que gozan con mecanismos privilegiados para facilitar su movilidad laboral a otros medios, es que además rebajan las exigencias mínimas que, conforme al sentido común y al propio principio de igualdad en el mercado laboral que rige para el resto de los españoles, son de recibo, permitiendo sin más una privilegiada
entrada en otros nichos laborales de este personal militar que el Ejército no logra, por más que intenta, reenganchar en su propia estructura.

Es lisa y llanamente falso que sufran una situación de desigualdad que exija medidas de igualdad positiva o cualquier otro tipo de estímulo fuera de los (muchos) de los que el hecho de ser militar goza como privilegio.

10.2.- No hay ERE que valga

Respecto a este contingente residual de militares que no logra acceder bien sea a la condición de oficial (lo que exige pasar determinadas pruebas), o de reengancharse a una oferta civil (lo que igualmente exige, según los casos, una capacitación adecuada a las funciones a desarrollar) o incluso a concurrir a alguno de los cupos privilegiados de
acceso a otros puestos de las administraciones, encontramos que estos soldados y cabos que han efectuado un contrato por un plazo determinado previamente y en unas condiciones legales que desde el primer momento dejan claro que no cabe ningún otro medio de reenganche militar, todavía pueden acogerse, si lo desean, a la llamada
reserva de especial disponibilidad, que permite sueldos no inferiores a los 600 euros mensuales, cantidad a todas luces baja pero, tantas veces, muy por encima de los subsidios y ayudas a los civiles sin ingresos y a las rentas mínimas de inserción que ofrecen las distintas legislaciones comunitarias.

Más aún cuando la situación de especial disponibilidad permite cobrar la prestación que se les ofrece de 7.200 euros anuales y de por vida hasta la edad de jubilación, así como compatibilizarla con un empleo en el sector privado (no así el público) y con el cobro de trienios y otros complementos correspondientes a su grado y especialidad militar si son activados.

Por tanto no estamos ante ningún ERE, sino ante la extinción de contratos cuyo término es conocido de antemano por los soldados y que, precisamente como un valor añadido a su condición de soldados y marineros, permiten durante la vigencia de los mismos diversas derivaciones a otras actividades que el mercado laboral no ofrece para los
demás trabajadores. ¿No es un caso privilegiado y un agravio comparativo si lo comparamos con el fracturado, inseguro e inestable mercado laboral general del país?

10.3.- El principio de igualdad de la Constitución.

Pero vistas las medidas que se buscan, no podemos sino advertir que las mismas no son más que una encubierta pretensión de que los militares, y posiblemente este sector de soldados, que ha desaprovechado las diversas ofertas que existen para una salida personal, en atención a un pretendido esfuerzo militar incomprendido, sean pasados a
la función pública por la puerta de atrás.

Ello es contrario a los principios de igualdad ante la ley, de igual acceso a la función pública y a los principios de mérito y concurrencia de los arts. 14, 23.2 y 106.2 de la Constitución, lo que supone una abusiva pretensión de este colectivo respecto al resto de españoles y una fuente de conflictos posteriores ante un agravio comparativo de
tanta magnitud.

Sorprende que estos militares y sus voceros sindicales, que así proclaman un supuesto derecho al puesto de trabajo frente a los otros militares (más privilegiados aún), no se comparan con los demás ciudadanos y no invocan esa igualdad que predican respecto a los militares de carrera (que al menos han tenido que superar unas prueba que ellos o no han sido capaces de superar o no han sido capaces de enfrentar) respecto a los ciudadanos normales que, por las nefastas políticas públicas que se centran en el beneficio y no en los derechos sociales universales, no tienen nunca garantizado un puesto de trabajo ni un medio de subsistencia, a pesar de las exigencias de la propia Carta Social Europea que prescribe que nadie viva por debajo del umbral de la pobreza y que todos los que se encuentran en riesgo de exclusión perciban ayudas estatales que le garanticen ese mínimo vital.

La hipótesis de fondo que se oculta bajo la reivindicación de los sindicatos militares de adscribir a los soldados que llegan a los 45 años al ejército de forma permanente, no busca sino un tratamiento diferenciado y privilegiado para los militares, inadmisible desde la precariedad del conjunto de los españoles, y basado en presupuestos de partida
que se demuestran absolutamente falsos. Es más, tampoco parece que sea sólida desde el punto de vista sindical.

10.4.- Privilegios militares

Como venimos explicando, la legislación militar en materia de personal ha supuesto un verdadero privilegio de estabilidad y permanencia en el puesto de trabajo para los militares tendente a garantizar una oficialidad corporativa bien férrea y a buscar vías de acceso fácil para su tropa por medio de las vías de acceso directo, así como de acceso a
los que cuentan además con una cualificación (licenciado, arquitecto o ingeniero) que permita su ingreso a la escala de complemento, así como por una derivación de los que ni siquiera por estas vías pueden permanecer en el Ejército en otras actividades civiles o militares.

Esta vía no existe en otros colectivos, ya sea del personal al servicio de las administraciones o en el mercado laboral ordinario, y supone parte del trasfondo político oculto tras este conflicto.

Los militares, a fin de ampliar lo más posible sus privilegios, han logrado en 2015 una modificación de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, para incluir una nueva situación administrativa (Servicio en la Administración Civil) que impulse la movilidad del personal militar a otras administraciones, lo que supone una puerta de entrada a la militarización del funcionariado civil, lo cual no nos parece un avance
democrático.

En la misma Ley 15/2014, de 16 de septiembre, se modificaron distintos artículos del Estatuto Básico del Empleado Público para contemplar la transición de personal militar a otras administraciones.

Como veremos más adelante es una clara opción por la militarización del funcionariado civil que no puede sino problematizar éste y someterlo a un nuevo maltrato, por la sencilla razón de que estos militares que entrarán por la puerta de atrás y sin la necesaria concurrencia y mérito al funcionariado civil no van a aportar, precisamente por su
sistema selectivo, ni mérito ni calidad, sino mentalidad militar, como antaño.

Pero no se ha quedado ahí la suma de privilegios administrativos y legales. Durante 2015 se han modificado, dice la memoria del Observatorio de la Vida Militar 2015 ya referida, otros marcos legales y/o administrativos:

Seis Leyes de Coordinación de Policías Locales (las de las Comunidades Autónomas de Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, Madrid y Valencia) para que los municipios que lo consideren conveniente puedan reservar plazas,
en sus convocatorias de Policías Locales, para militares de tropa y marinería con más de cinco años de servicio en las Fuerzas Armadas.

Suscribir un Convenio marco de colaboración con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) en virtud del cual el personal militar que quiera cursar estudios universitarios, de los contemplados en su catálogo de titulaciones, lo podrá hacer en unas condiciones económicas favorables (reducción de costes de enseñanza del 25%, entre otras ventajas).

Suscribir acuerdos de colaboración con AESMIDE, TEDAE y Círculo de Exportadores para impulsar la contratación en sus empresas asociadas de personal militar.

Realizar en el año 2015, 120 cursos de formación de apoyo dirigidos a personal militar de tropa y marinería (MTM), con la participación de 3.450 alumnos, en los que se ha facilitado la obtención de titulaciones necesarias para la promoción profesional de MTM.

Mantener a personal militar inscrito en el Centro de Investigación y desarrollo de Educación a Distancia (CIDEAD), dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para cursar estudios oficiales de titulaciones del sistema educativo general. Este centro admite únicamente a personal de unidades habitualmente desplegadas con dificultades para seguir una formación presencial.

Realizar tres cursos de “Gestión y Dirección de Proyectos” (Formación postgrado; con 30 alumnos por curso), dirigido a personal militar titulado universitario de cualquier categoría profesional, en desarrollo del Convenio
Marco de Colaboración suscrito entre el MINISDEF y la Fundación Universitaria San Pablo-CEU.

Diseñar y poner en marcha el primer curso de técnico en Ciberseguridad, a realizar en las instalaciones de la Escuela de Organización Industrial (EOI), dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, dirigido a personal
militar inscrito en el programa SAPROMIL, en desarrollo del Acuerdo Marco de Colaboración suscrito entre ambos ministerios, MINISDEF y MINETUR.

Organizar el “Encuentro SAPROMIL” sobre gestión del Talento y la Ciberseguridad, en las instalaciones del CESEDEN, con la asistencia de más de 60 empresas del sector de la sociedad de la información, donde se difundió el
programa SAPROMIL.

Presentar el programa SAPROMIL en diversos organismos oficiales o foros externos al MINISDEF como han sido (Gobiernos de Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, Club de Exportadores de España, empresas y asociaciones de empresas de importancia estratégica, etc.).

Proceso en curso de reserva de 63 plazas de personal laboral para el MINISDEF de MTM con más de 5 años de servicio.

Los concursos de traslado a puestos en otros departamentos de la Administración Civil se han concretado en 135 plazas ofertadas de las cuales 101 están reservadas para los Militares de Tropa y Marinería (MTM). Hasta la fecha
de cierre de este informe se han resuelto 4 concursos con una asignación de 12 plazas de las cuales 7 se adjudicaron a MTM.

10.5.- Inconsistencia de las soluciones que se proponen

Las posibles soluciones que propone la propuesta de Podemos pretende alcanzar alguna de estas medidas:

  • Reconocerles como militares de carrera.
  • Suspensión de la pérdida de empleo militar al llegar a los 45 años.
  • La plena y efectiva incorporación al mundo laboral.

Tres medidas que, sin quererlo, consolidan el grave problema del personal militar español (su desmesurado, inasumible e ineficaz número) y que refuerza el gran argumentario de la vieja política hacia lo militar (el privilegio como medida y el no molestarlos como táctica).

Pero además, desde el punto de vista social, político y legal estas medidas no son oportunas ni justas.

10.5.1.- ¿Reconocimiento como militares de carrera?

En cuanto al reconocimiento de este contingente (unos 7.000 efectivos en el plazo de los próximos cinco años, sin cualificación militar suficiente ni merecimiento para engrosar el cuerpo de militares de carrera) implica una puerta de entrada, conculcando la ley, pero, sobre todo, contra el principio de igualdad y los valores constitucionales:

– Respecto de los restantes militares, que para entrar en dicha condición han tenido que acceder mediante pruebas de acceso circunscritas al principio de mérito y capacidad, conforme dispone el art. 106.2 de la Constitución.

– Respecto del funcionariado en general, que igualmente debe acceder a la función pública bajo los mismos criterios y principios de mérito y capacidad y bajo sistemas de concurrencia competitiva reglados y rigurosos.

No se trata únicamente de una infracción de principios constitucionales del art 106.2 de la Constitución, sino que pretende ser una vía de acceso privilegiado que afecta al propio principio de igualdad ante la ley y que implica un agravio comparativo respecto del resto de los españoles, conforme al art 23 de la propia Constitución, porque precisamente el resto de los españoles no cuentan con ninguna vía privilegiada de acceso a ésta como la que se propone: automático acceso por cumplir los 45 años de edad. ¿O es que hace falta ser militar con contrato de larga duración y no haber logrado (o incluso no haberlo intentado) acceder a la condición de funcionario que se establece legalmente por cauces reglados, para acceder a una función que el resto tiene vetada?

No parece discutible el derecho de todas las personas a acceder a un puesto de trabajo digno y nos parece muy bien que Podemos exija que este postulado constitucional, vacío de contenido material en nuestro orden legal vigente, y proponga con carácter universal que se garantice para todos, pero esto es algo muy diferente a postular un acceso
garantizado para los militares, cuando no ocurre para los ciudadanos civiles.

Visto desde el punto de vista de nuestro fragmentado sistema de acceso a un puesto de trabajo, Podemos estaría lanzando un mensaje bastante lamentable: privilegiar, de nuevo, al colectivo de militares porque saben hacer “ruido militar”.

Por otra parte, resulta llamativa la coincidencia de fondo de la demanda de las organizaciones sindicales militares (principal influencia de la Proposición No de Ley) con las pretensiones de la casta y su programa de remilitarización del funcionariado y de disciplinamiento social, cuando a la sociedad civil no se le garantiza con la misma extensión este derecho y cuando la mera reivindicación hacia esta sociedad civil resulta retórica porque la casta no está dispuesta a garantizar el derecho al trabajo fuera de las leyes “de mercado”.

¿Se han llegado a plantear lo que supondría una remilitarización como ésta de la administración del Estado? ¿No sería volver a la época franquista en número de militares incluidos en la Administración?

10.5.2.- ¿Suspensión de la pérdida de empleo militar?

Los mismos argumentos anteriormente analizados valen para la segunda medida, pero queremos añadir otro más.
Una medida de suspensión de la pérdida del empleo militar implica agrandar la bola, hacer más inabordable el problema y engrosar indefinidamente la plantilla militar y su peso en el gasto de la defensa.

Contamos, como se ha dicho, con un ejército desmesurado y con un número de efectivos de tropa y marinería muy grande.

Además, se han planeado nuevas incorporaciones. La Resolución 452/38045/2017, de 9 de marzo, de la Subsecretaría, por la que se aprueba el proceso de selección para el ingreso en los centros de formación para incorporarse a las escalas de tropa y marinería.

En concreto, se trata de 2.000 puestos a cubrir entre los Ejércitos de Tierra (1.500), Aire (230) y la Armada (270), para llegar a un máximo de 79.000 efectivos.

La medida que se predica implica que, por una parte se aumenta el número de efectivos vía convocatoria, pero por otra no se produce la salida de estos que, llegados a los 45 años, pretenden su reenganche, lo que convierte en endémico el problema, ya importante, de sobredimensión del personal militar y lo vuelve irreversible e inabordable a largo plazo.

Esto equivaldría a decir que la mejor y más caudalosa vía para entrar al servicio de la Administración sería el paso previo por el servicio de armas, el paso previo por el militarismo. ¿De verdad nos queremos convertir en una Administración prácticamente militarizada?

Luego abordaremos otro importante aspecto relativo a la reserva activa y a las clases pasivas, que implica ya la cifra en 2016 de 524’13 millones de euros en el caso de la reserva activa y de 3.477’51 millones en el de las clases pasivas, que hace que la cifra del gasto militar se dispare abrumadoramente.

10.5.3.- La incorporación garantizada al mundo laboral

La tercera de las soluciones prevista adolece de los mismos defectos de insolidaridad y agravio comparativo que las precedentes estudiadas.

Pero también implica la falta de sensibilidad y realismo de las organizaciones sindicales militares y de sus representantes parlamentarios.

A nadie en nuestra sociedad le garantiza la ley un acceso al mercado laboral de estas condiciones.

Más aún, la situación de precariedad y de vulnerabilidad de cualquiera es patente.

Si cualquier civil, al que le contratan con un contrato temporal, dijera ante cualquier instancia que por el hecho de haber trabajado un número de años, se le garantice un contrato de por vida, le dirían que está fuera del mundo. Los contratos son, desafortunadamente, lo que son.

Mucho nos alegraría que la relación con el mundo laboral fuera otra, con carácter general, pero ocurre que la temporalidad de los contratos es una norma casi básica de nuestro sistema y que constituye una regla de juego que hoy por hoy resulta inabordable. Ni siquiera pueden argüir que no conocían el contenido y finalización de sus contratos, pues es de sentido común y de sobra conocido.

No entendemos, ni compartimos política, ni jurídicamente el énfasis en garantizar un puesto de trabajo para este colectivo cuando no está garantizado el de los demás. Por mucho que la aspiración de trabajo decente lo sea para cualquiera, y ello incluye a estas familias afectadas por sus contratos laborales, la reivindicación no puede revestir la
forma de privilegio militar que se pretende. No es justo.

¿En qué lugar quedan los demás parados, civiles, mayores de 45 años y que no van a disfrutar de ninguno de los esfuerzos citados anteriormente para su incorporación al mercado de trabajo? ¿Por qué no reclamar para ellos un puesto fijo en la Administración del Estado? Como vemos en el cuadro que sigue, las cifras son, con mucho, de mayor preocupación que las de los militares de más de 45 años (datos a febrero de 2017):

Parados de + 45 años    Absolutas           Mes anterior     interanual           Absolutas           Relativas Absolutas Relativas
Hombre                              811.726                -5.083                   -0,62                     -78.934                                -8,86
Mujer                                  998.718                1.177                     0,12                       -29.130                                -2,83
Ambos                               1.810.444            -3906                    -0.22                     -108.064                              -5,63

11.- Una Alternativa

Desde nuestro punto de vista no es asumible el planteamiento de la Proposición No de Ley estudiada, pues
a. No aborda el problema de fondo: la necesidad de redefinición de la política de defensa y de redimensión del ejército

  1. Su presupuesto de partida, la falta de atención y medidas para abordar la situación de los soldados que llegan a los 45 años de edad, es falsa, pues existe un cúmulo de medidas previas para evitar esta situación; medidas que por desinterés o por falta de condiciones mínimas, estos soldados han desaprovechado porque saben que al final del ciclo al menos les queda una ayuda de no menos de 600 euros como reservistas de especial disponibilidad.
  2. La solución propuesta no haría sino agrandar y agravar este problema de sobredimensión del Ejército, haciendo más inviable el gasto de personal del Ministerio de Defensa o buscando salidas alternativas que conculcan el principio los principios de igualdad ante la ley respecto del resto de los ciudadanos, de concurrencia y mérito respecto del acceso a la función pública, ambos principios constitucionales de primer orden
  3. Generaría una ya superada e indeseable vía de entrada del militarismo en el funcionariado civil, algo que la derecha pretende en su ideario desde hace al menos dos décadas.
  4. Implica un agravio comparativo al resto de la sociedad.

A nuestro juicio cualquier enfoque que quiera abordar la problemática del personal militar debe partir de varios presupuestos, más complejos y dignos de estudio:

  1. Abordar el problema del personal militar implica abordar el problema de la sobredimensión de las Fuerzas Armadas, lo que a su vez necesita:
  2. Redefinir su tamaño
  3. Por tanto redefinir también sus unidades y despliegue
  4. Redefinir la ratio militar/soldado
  5. Redefinir su peso en el gasto militar
  6. Redefinir el acceso a las academias y a los grados militares
  7. Establecer medidas de reconversión y/o pase a la situación de retiro
  8. Establecer incentivos y estímulos para abordar la reforma del personal sin traumas; estímulos e incentivos que pueden financiarse con el ahorro en gasto militar que supone una reducción del personal adscrito a la defensa.

Abordar y desterrar los privilegios militares existentes, lo que a su vez implica:

  1. Suprimir la losa de la reserva
  2. Suprimir las compatibilidades de cobro de prestaciones militares con otras prestaciones o emolumentos
  3. Luchar contra el despilfarro en el ámbito militar.
  4. Suprimir organismos y unidades innecesarias desde el punto de vista de la defensa.

Fuente: Utopia Contagiosa

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