Jose Manuel Candon “In Memoriam”

Hoy 24 de Febrero se cumplen 7 años del fatídico accidente acaecido en el C.M. El Palancar, en la sierra madrileña de Hoyo de Manzanares. Aquel día fallecieron cinco militares especialistas en desactivación de explosivos y resultaron gravemente heridos otros dos.
Los militares pertenecían al Cuerpo de Infantería de Marina con base en el Tercio de Armada en San Fernando (Cádiz) y al Ejercito de Tierra con base en El Goloso en Madrid. El suceso tuvo lugar sobre las 10 de la mañana del 24 de Febrero de 2011 mientras se encontraban realizando unas prácticas de neutralización de municiones simulando lo que podrían encontrarse en Zona de Operaciones, donde semanas más tarde tenían previsto desplegarse como Cascos Azules en el Líbano durante varios meses, misión que nunca podran cumplir.
Siete años después quedan muchas dudas sin resolver de lo ocurrido aquella triste mañana, la lucha judicial de los familiares de los fallecidos y heridos aun permanece activa. Los hechos a pesar de las pruebas aportadas por los afectados ni tan siquiera pasaron a elevarse a sumario por delito quedando estancadas y archivadas en unas Diligencias Previas por la Juez Militar del Togado n°11. Son múltiples los recursos interpuestos ante la Justicia Militar, aportando informes esclarecedores que demuestran la gravedad de los hechos ocurridos y de las posibles negligencias e infracciones cometidas en contra de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y del R.D. 1755/2007 de ámbito militar, así como procedimientos internos. Todo ello ha caido en saco roto inclusive el Informe de los peritos TEDAX de la Gusrdia Civil que apuntaba a la caducidad de los explosivos las causas del accidente.
Muchas son las pruebas que demuestran que los explosivos (minas anti-tanque) entregados a los militares aquella mañana estaban caducados y declarados meses antes Estado 40 (Inútil) y no podían usarse en prácticas, como así ocurrió. Lo lamentable del asunto es la negativa del Togado n°11 a estudiar en profundidad el asunto y esclarecer lo ocurrido y apartarse de la versión oficial que ha sido desmontada con pruebas feacientes y testificaciones.
Por otro lado, las viudas, huérfanas y herídos han llevado paralelamente vía contencioso administrativo la petición de indemnizaciones por lo ocurrido. Ante la negativa del Ministerio de Defensa en la época del Ministro Pedro Morenés y su Asesor Jurídico el Gnral. García Labajo de indemnizarlos comenzaron el arduo proceso judicial, dejando a los afectados sin la reparación integral de los daños causados. La Audiencia Nacional reconocía la Responsabilidad Patrimonial del Ministerio en lo ocurrido pero no entraba a detallar el fondo y el porqué, pero si exoneraba al mismo de indemnizar a las partes alegando un “enriquecimiento injusto de las víctimas” llegando incluso a condenar en Costas a unos heridos y viudas si y a otros no de una manera arbitraria. La Justicia considera que la pensión de viudedad, orfandad o inutilidad junto a la cuantía del seguro colectivo (22.500€ por fallecido) es suficiente para paliar los daños ocasionados por responsabilidad de Defensa. Cabe reseñar que estas cantidades se hubieran percibido de igual forma por muerte natural o enfermedad de los citados militares. En declaraciones de ellos matizan que la figura jurídica de la Responsabilidad Patrimonial del Estado cae en saco roto con este nuevo criterio de equiparar pensión a indemnización por accidente con responsabilidad del Estado.
Los heridos, el TTE. Jose M. Candón y el Bgda. Raúl González tienen pensado llegar hasta el final para esclarecer los hechos, obtener justicia y la plena reparación de los daños ocasionados, poner soluciones a los fallos del sistema e implantar nuevas instrucciones de obligado cumplimiento basándose en las lecciones aprendidas tras analizar lo sucedido. En su opinión no es asumible que dos años después ocurriese un accidente similar por usar explosivos caducados por artificieros de La Legión en Almería, desde el 2010 han fallecido 10 artificieros en Territorio Nacional en prácticas o ejercicios frente a uno en misión de combate en Afganistan, una estadística y un riesgo inasumible hoy en día para el Ejército Español.
Los heridos son grandes lesionados con más de 30 operaciones a sus espaldas, múltiples secuelas, entre las más graves la discapacidad visual que sufren por la pérdida de un ojo y casi toda la visión del otro, las secuelas estéticas por los efectos de la metralla y quemaduras son aparatosas con un perjuicio estético muy severo. Ambos supervivientes no descartan acudir en busca de Justicia a Tribunales Europeos y no olvidan acudir a la Justicia Ordinaria en modo de denuncia antes de que finalice la prescripción de los hechos.
Se cumplen hoy 7 años del trágico suceso y las víctimas aun tienen esperanzas de obtener la tan ansiada Justicia negada, y que por fin se aclare lo sucedido, se asuman responsabilidades y se pongan medidas para que no vuelvan a producirse hechos como éste y que familiares y heridos obtengan la Paz interior que merecen las personas que entregan sus vidas al servicio de los demás y no sufran el abandono y espaldarazo de las instituciones evidenciando una orfandad tutelar más que significativa, no obstante la actual Ministra de Defensa no ha contestado a una petición de Audiencia por los supervivientes de hace casi un año.

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