Galerna”Con el derecho de sindicación en el horizonte”

El pasado 26 de septiembre la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados acordó prorrogar durante otros seis meses más los trabajos de la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. Creada en abril del pasado año, se vio interrumpida por las elecciones generales del 26 de junio de 2016 y se reanudó por estas fechas el año pasado. Será por tanto en marzo de 2018 para cuando se espera que la subcomisión emita un dictamen, casi dos años de trabajo parlamentario y comparecencias.

La aparente calma con la que se están llevando a cabo estos trabajos podría deberse a un trabajo concienzudo del que cabría esperar una solución definitiva al mayor problema de la escala, mucho nos tememos que la excesiva dilatación es fruto de los cálculos políticos y la búsqueda del momento oportuno para ofrecer un dictamen presumiblemente decepcionante con soluciones parciales y que nos resultarán del todo insatisfactorio. Puede que esta presunción sea algo pesimista o realista, según queráis, pero en ningún momento se nos ha hecho llegar mensaje alguno que nos haga albergar la más mínima esperanza sobre una solución definitiva.

El formato elegido para esta subcomisión no ayuda a la hora de hacerse una idea de “por dónde van los tiros” puesto que sólo conocemos quienes son los comparecientes y algunas intervenciones que los mismos han tenido a bien facilitar. Entre estos comparecientes se encuentran los presidentes y portavoces de las asociaciones profesionales que previamente, con el contacto directo con los agentes políticos y la presión ejercida por distintas iniciativas, sensibilizaron a la clase política de la necesidad de acometer los cambios legislativos oportunos para acabar con la precaria situación de los militares de tropa y marinería y dieron lugar a la creación de esta subcomisión.

Mientras tanto, van pasando los días lentamente, viendo como inexorablemente a cientos de compañeros les va llegando su cuadragésimo quinto aniversario, aniversario en el que poco tienen que celebrar viendo cómo una vida de servicio público y sacrificios personales son recompensados con un verdadero drama familiar (Campos, 2015). Esto en el mejor de los casos, si antes la vulnerable situación contractual del soldado, no le adelanta este drama cuando ha tenido que renovar compromiso, ha tenido alguna enfermedad o lesión o le hayan imputado algún delito doloso, razones que le otorgan al Ministerio una facilidad sin parangón para quebrar ese frágil compromiso que el soldado adquiere con la sociedad.

Con todos estos ingredientes se va cociendo a fuego lento a un colectivo formado por trabajadores públicos castigados por una segregación legislativa que los aparta del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), relegados a un escalón inferior del resto de militares de carrera, con una ley específica que los acerca más a un recluta remunerado que a un militar de carrera. Poco a poco va entrando en una ebullición de la que, las primeras burbujas aparecen en forma de recogidas de firmas, marchas de protesta, huelgas de hambre, acciones judiciales de diversa índole, publicación de libros, páginas de redes sociales, periódicos y, como novedades incipientes, un partido político y diversos movimientos de inspiración asamblearia nacidos al margen de los limitados cauces que la Ley de Derechos y Deberes de los Militares (Ley 9/2011) les otorgó.

Resulta difícil proyectar hacia futuro cuáles pueden ser las derivas que pueden tomar las reivindicaciones de un colectivo que se están volviendo clamorosas, pero parece estar más claro cada día, que hay que dotarle de unos cauces acordes a una sociedad que disfruta de unos derechos democráticos desde hace casi 40 años,y que también reconocía a los militares aunque abriendo la posibilidad de que algunos fueran recortados.

No he podido evitar recordar a aquellos luchadores de la guardia civil que desde la clandestinidad y con mucho más que perder, reclamaban cosas no muy diferentes a las que ahora se solicitan. Fueron expulsados del cuerpo con deshonor y sólo el tiempo les ha venido a restituir con la razón de los hechos, que no andaban muy descaminados.

Eran muchas las voces que alertaban del peligro que suponían las asociaciones profesionales de militares para la disciplina y, pese a poner todo el empeño en hacer de la actividad asociativa un problema disciplinario, los tribunales se han encargado de poner todos los ataques a los representantes asociativos en el ámbito de la libertad de expresión, dejando claro que aunque resulte grotesca su mera existencia, la disciplina no ha corrido en más mínimo peligro, ciñéndose toda su actividad a los márgenes que les confiere el marco legal. (Recurso de Casación Jorge Bravo 201-144/2.014; Antonio Martinez Cánevas, sep 2.015, ene 2.017; José Salazar STC 38/2017, de 24 de abril 2.017) (González, 2017) Por tanto, cabe pensar que la incorporación de los militares a unos derechos plenos de ciudadanía amparados por la Constitución Española (CE) y por la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) (casos Matelly contra Francia y ADEFDROMIL contra Francia) no tienen por qué, de por sí, ser un problema disciplinario como no lo es en los países de nuestro entorno, en los que el sindicalismo militar se vive con total normalidad,el asociacionismo y el sindicalismo entre los militares es algo normalizado en los países del entorno desde hace mucho tiempo, y ello sin menoscabo del normal funcionamiento del orden jerárquico y la disciplina (López, 2016).En nuestro país viene siendo reclamado por diversas voces de la sociedad civil (Ignacio Fernandez Toxo X y XI Congreso Confederal de CCOO; Juan Antonio Delgado (Bayo, 2017) (Agencias, 2016))

Es responsabilidad del Gobierno, de los representantes del Poder Legislativo en ambas cámaras velar por los intereses de aquellos a los que han despojado de su capacidad de lucha por sus propios intereses de forma autónoma. Es obligación del mando “conocer sus aptitudes, aspiracionese historial militar, atender sus inquietudesy necesidades, así como velar por sus interesesprofesionales y personales” (RROO art. 69). Por su renuncia o fracaso en el ejercicio de estos cometidos, están alimentando el anhelo de solicitar por sí mismos lo que hasta ahora se les ha negado, relegándolos al ostracismo social y sometidos a un castigo retributivo por abandono.

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