Federico Villamil “Convicción y persuasión”

Madame Germaine De Staelhace hace dos siglos sentenció que “Al inteligente se le puede convencer, al tonto persuadir”.

Parece más que evidente que Sapromil, la pretendida agencia encargada de facilitar la integración del personal militar a la vida civil es un absoluto fracaso. Por alguna extraña razón el Ministerio de Defensa parece incapaz de transmitir a la sociedad el valor de los recursos humanos formados en su seno tanto en aptitudes como en actitudes y valores de muy difícil equiparación pero de gran valor por su carácter diferenciado y diferenciador.

Dadas las ventajas inherentes que ofrece este personal desde todos los puntos de vista, parece lógico pensar que, o no se realiza el esfuerzo suficiente, o el esfuerzo de comunicación en ineficaz, sea por la incapacidad de de los responsables de elaborar y transmitir el mensaje, o por falta de  capacidad o interés de los destinatarios para entender. Es por ello prioritario un cambio radical de la política de inserción que la Ley obliga a realizar al Ministerio de Defensa. Dicho cambio debe fundarse en los dos principios expresados tan acertadamente hace más de dos siglos por madame De Stael, la convicción y la persuasión.

No hay duda que hay que cambiar la política de comunicación, si es que existe alguna, en lo relativo al valor estratégico de los recursos humanos que tan generosamente el Ministerio de Defensa cede a la sociedad civil. En mis anteriores artículos diserté sobre las ventajas competitivas y sinergias que supone para el sector civil la incorporación del personal militar tal y como bien conocen y saben aprovechar los países más desarrollados y competitivos. Dar a conocer estas cualidades diferenciales y el valor añadido que puede aportar al sector empresarial debería ser por tanto la prioridad absoluta que tendría que regir la política de comunicación del Ministerio de Defensa.

Pero junto a esta labor de concienciación social, hay otras muchas medidas que pueden y deben tomarse para lograr el éxito en el cumplimiento de la legalidad en lo referente a la inserción laboral del personal militar:

1º Fomento de la inserción laboral en la Administración del Estado.

La razón más evidente para fomentar la inserción laboral en el sector público, sería ahorrarse el coste de pagar a estos reservistas su asignación mensual incompatible con un puesto en la Administración Pública. De esta forma el puesto ocupado por un exmilitar, supone un ahorro neto a las arcas del Estado sobre el coste que supondría que fuera ocupado por otro ciudadano.

Pero hay una razón seguramente más importante aunque no tan obvia. Se “supone”, que la Administración Pública debería estar al servicio del ciudadano, y no los ciudadanos al servicio de la Administración Pública, tal y como sucede en realidad. Lo cierto es que en este país, los únicos empleados públicos que asumen y sienten esa obligación de servicio a los demás, son las Fuerzas Armadas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y posiblemente los bomberos u otro personal que asume el riesgo hacia su integridad física en defensa de los demás. No hay más que ver la vergonzosa actuación de la mayor parte del personal médico cuando se le enfrentó al más que controlado riesgo de una enfermedad contagiosa (el ébola). No quiero pensar que habría pasado con una pandemia de gripe española.

Es por ello que la transferencia de personal de las Fuerzas Armadas a la Administración Pública ordinaria bien puede considerarse una sinergia o revulsivo en el camino del necesario cambio de mentalidad que debería fomentarse en el funcionariado publico en su percepción de su relación con la ciudadanía.

La forma más sencilla y lógica de fomentar este trasvase seria una Ley que valorara el tiempo de servicio en las Fuerzas Armadas en un baremo de puntuación valido para acceder a cualquier plaza de la Administración Pública en cualquiera de sus niveles. Dar por ejemplo 0,1 puntos sobre 10 por año de servicio no parece ningún disparate inasumible.

Se puede argüir que una medida de este tipo no sería aceptada por la sociedad. Nuevamente es una cuestión de pedagogía social. No es un privilegio, sino un premio o recompensa por años de servicio y servidumbre al Estado. El niñato quejoso de veintipocos que quiera tener el mismo derecho, no tiene más que pasar primero dos décadas de su vida sirviendo a su país, después de que el Estado le haya pagado los estudios y la sanidad desde los 3 años.

2º Fomento del emprendimiento.

El emprendimiento es la base del desarrollo económico y social de cualquier país, y el moderno servicio militar dota al militar de las principales cualidades y habilidades que se requieren para emprender. No es casualidad que Israel, cuyo servicio militar es obligatorio, exigente y de larga duración sea la meca del emprendimiento y de las startup tal y como explican diversos estudios sociológicos realizados al efecto.

En España los mayores retos y barreras para el emprendimiento son:

  • La dificultad de financiación dada la falta de cultura bancaria de fomento del emprendimiento.
  • La burocracia.
  • La falta de asesoramiento técnico.

Sobre estos condicionamientos para el éxito se puede actuar fácilmente con diferentes medidas, algunas de las cuales ciertamente deberían ser de carácter general, pero en ausencia de una actuación decidida de los poderes públicos, debería ser el Ministerio de Defensa quien actúe en beneficio de sus miembros.

La falta de financiación es fácilmente superable con una medida tan sencilla como facilitar la capitalización de la asignación mensual hasta los 65 años, de forma similar a la de la prestación de desempleo, aunque con ciertas diferencias.

En el caso de la tropa la asignación mensual de algo más de 600 euros a lo largo de 20 años acaba suponiendo un montante de más de 140.000 euros, sin contar con la inflación. Bien podría por tanto facilitarse un crédito a bajo o nulo interés garantizado por dicha asignación, que incorporara el pertinente seguro de vida e invalidez que previera las posibles causas por las que el beneficiario pudiera perder el derecho a dicha asignación. Uncálculo actuarial rápido permite cifrar en cerca de 120000 euros la cantidad a la que podría ascender ese crédito garantizado. Una cantidad que sumada a la capitalización de la prestación del desempleo y a otras posibles fuentes de financiación o subvención, permitirían al, o los emprendedores, abordar con enormes garantías de éxito cualquier proyecto.

Otra posible alternativa, seria que el Ministerio de Defensa avalase al exmilitar emprendedor sobre la garantía de su asignación. O incluso la combinación de ambas.

Si además se facilitase desde Sapromil el adecuado asesoramiento técnico, e incluso una plataforma de emprendedores que les pusiera en contacto con posibles inversores u otros emprendedores internos o externos, favoreciendo además la posible creación de cooperativas de trabajo asociado, el círculo virtuoso del éxito empresarial quedaría completado, impulsando de esta forma la economía y el empleo del país, además de generar ingresos vía impuestos y seguridad social muy por encima del coste que supone tener a ese personal inactivo y cobrando una paguita como si de una limosna estatal se tratara.

3º Fomento de la inserción laboral en el Sector Privado.

Por ultimo también se puede y debe influir sobre mercado laboral del sector privado.

Como bien se ha explicado, la primera medida a adoptar es la de concienciación y convencimiento a las empresas sobre las ventajas competitivas que supone incorporar al personal formado en el seno de las Fuerzas Armadas.

Pero también hay otras medidas más persuasivas, a fin de cuentas cientos de empresas gustan de licitar por contratos públicos ofertados por el Ministerio de Defensa con el consiguiente beneficio económico que les supone. Me pregunto qué tipo de moralidad hay en que las mismas empresas que dan la espalda a Sapromil disfruten del beneficio de optar a contratar con el Ministerio de Defensa. Y en muchos casos no hablamos de empresas pequeñas ni de contratos minios precisamente.

No sería descabellado por tanto influir en interés de estas empresas incorporando en los pliegos de contratación medidas correctoras de la selección de ofertas que consideran su mayor o menor sensibilidad hacia este asunto.

Tan sencillo como imponer un  porcentaje mínimo del personal de la plantilla de estas empresas fuera procedente de la Fuerzas Armadas para poder optar a estos contratos y que el 20% del baremo de la decisión de contratación se determine por el peso relativo de este personal en relación al resto de empresas mediante una fórmula tan sencilla como:

(% de personal exmilitar de la empresa)

———————————————————- X 20%

(% personal exmilitar empresa de mayor %)

Esto persuadiría a aquellos mas amantes de los contratos militares que de la sus propias Fuerzas Armadas a tener una generosa política de contratación laboral en relación al personal procedente del mismo sector del que buscan aprovecharse. “Quid pro quo”.

Además de esto, también debería instarse al Gobierno desde el Ministerio de Defensa a que se dispongan las máximas ventajas de inserción laboral que se establecen para cualquier otro sector social en lo relativo a ventajas fiscales, de seguridad social o de formación.

Por último, dado que el mayor “pero” que se puede argüir desde el sector privado para la contratación de este personal, es la falta de experiencia laboral que se ajuste a sus requisitos, también parece adecuado establecer un programa de formación incentivado en empresas para este personal.

Como puede verse, son muchas las medidas sencillas y sin coste alguno al erario público que pueden hacerse para sacar el máximo beneficio económico y social a este valioso recurso humano hasta ahora desperdiciado y despreciado por ignorancia e ineptitud.

Desde los órganos de decisión de la Defensa habrá quienes digan que es difícil e incluso imposible. Evidentemente no son indignos de llevar sus galones o del derecho a liderar el Ministerio de Defensa porque en el Ejercito, LO DIFICIL SE HACE AL MOMENTO Y LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MAS.

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