N. R. N. es una soldado profesional, que lleva casi cuatro años de servicio en las Fuerzas Armadas, que está pasando por un autentico calvario, ya que está pendiente de ingresar en un Establecimiento Disciplinario Militar estando embarazada y siendo madre soltera.
Su caso se remonta al año 2010 cuando prestaba servicio de guardia en una garita de un polvorín militar, al parecer cometió un “presunto” abandono de su puesto de guardia a juicio del cabo encargado de verificar el relevo de aquel puesto, aunque afirma esta soldado que ella aun no se encontraba de guardia. El motivo de su arresto inicial de diez días vino por un parte por escrito dos días después, tras no haber dado novedades el día de la guardia sobre el hecho y que provocó de inmediato la apertura de un expediente sancionador por falta grave. Durante el juicio y a causa de las inconsistencias en la declaración y en el parte del Cabo de la Guardia , la soldado ganó el juicio, si bien el instructor del expediente en vista de los cómputos de tiempo que disponía para sancionar a N.R.N., le impuso un arresto de dos meses en atención de la gravedad de los hechos denunciados, ya que a juicio del instructor una cosa era el testimonio del Cabo y otra los hechos de abandono del puesto.
A causa de su estado de embarazo y del arresto, su preocupación se traslada a un embarazo de riesgo con amenaza de aborto, motivo por el cual su ingreso en el Establecimiento Disciplinario es suspendido, pero no le es notificado, hasta que le es enviado un burofax donde se lo comunican con meses de retraso.
Ahora intentan hacerla que ingrese en prisión militar antes de dar a luz, aunque sus médicos insisten en que existe riesgo de aborto al estar de 33 semanas, sin embargo desde las FAS le han dado dos días para que acuda al ginecólogo para que certifique que existe riesgo real de aborto o que sino ingresará en prisión. Insistíendole en que es mejor que cumpla ahora su pena, mejor que después cuando de a luz, ya que al ser madre soltera no tiene a nadie con quien dejar a su hijo y el Centro Disciplinario carece de las medidas que proporcionen el debido cuidado de su hijo.
Su caso como el de otros muchos lleva a la conclusión de que es peligroso delegar la competencia de impartir justicia en los jefes militares ya que con frecuencia los expedientes contienen múltiples irregularidades, no se toman declaración a todos los testigos o se da por supuesto que el criterio del superior se impone al del reo. Y ni siquiera en este caso de manifiesta falta de humanidad, al haber un menor por en medio, la justicia militar y las Fuerzas Armadas dan su brazo a torcer.
J.R.D.